La inusual implicación de la alta dirección en LogiRAIL
El escenario judicial que rodea al Tribunal Supremo ha dejado una imagen poco habitual en la gestión de empresas públicas: un director general interviniendo personalmente en las condiciones laborales de una empleada de nivel básico. Óscar Gómez Barbero, ex responsable de LogiRAIL, ha comparecido para aclarar los pormenores del polémico fichaje de Claudia Montes, conocida mediáticamente como ‘Miss Asturias’. Durante su declaración, Barbero ha reconocido que mantuvo un contacto directo y telefónico con la trabajadora, una práctica excepcional considerando que la entidad contaba entonces con una plantilla de medio millar de personas.
A pesar de que el exdirectivo niega haber recibido órdenes externas, su confesión subraya una mediación directa para resolver las insatisfacciones de Montes. Estas quejas, que curiosamente llegaban a oídos de figuras políticas de alto nivel como José Luis Ábalos y Koldo García, motivaron que Barbero tomara cartas en el asunto bajo el argumento de que era una cuestión «normal» debido a la relevancia estratégica del servicio asignado a la empleada.
El argumento del «local inadecuado» para vender lujo
Uno de los puntos más llamativos de la comparecencia ha sido la justificación de por qué Montes no acudía con regularidad a su puesto de trabajo. Según el relato de Gómez Barbero, la ubicación física de la empleada era incompatible con sus funciones. Al parecer, Claudia Montes estaba destinada a comercializar trenes turísticos de lujo, pero desempeñaba su labor en una mesa situada junto a unas escaleras.
Esta situación técnica sirvió de base para que la dirección general ordenara la búsqueda de un local adecuado y la modificación de su contrato. El exdirector general defendió que estas gestiones nacieron de su propia iniciativa para garantizar que el servicio se prestara correctamente, intentando desvincular estas decisiones de las presiones políticas que se investigan en el marco del caso mascarillas y las ramificaciones de la red de influencia de Ábalos.
La sombra de Ábalos y el temor a Koldo García
Mientras Barbero explicaba la logística interna de LogiRAIL, la propia Claudia Montes ofrecía un testimonio cargado de tensión a las puertas del tribunal. Montes, que mantuvo una relación estrecha con el exministro de Transportes, ha manifestado un profundo temor hacia Koldo García, asegurando sentir miedo ante una posible intimidación visual durante el proceso judicial. Este componente emocional añade una capa de complejidad a una causa que no solo investiga irregularidades administrativas, sino también una estructura de favores personales en el seno del Ministerio.
La investigación liderada por la Unidad Central Operativa (UCO) ha puesto el foco en cómo mujeres del entorno personal de Ábalos terminaban ocupando puestos en entidades públicas. Aunque Barbero insiste en que el currículum de Montes pasó todos los filtros procedimentales y entrevistas previas, la coincidencia de nombres y tiempos sigue alimentando las sospechas de un trato de favor sistémico.
Cronología de un contrato bajo sospecha y relevos polémicos
La vinculación de Montes con la sociedad estatal se extendió desde finales de 2019 hasta febrero de 2022. Durante este periodo, su rol como auxiliar administrativo estuvo marcado por una retribución que apenas superaba los mil euros mensuales, pero cuya gestión jerárquica escalaba de forma sorprendente hasta la cúpula de la empresa. Los datos clave de su paso por la entidad reflejan un patrón de contratación que ha despertado el interés de la Fiscalía:
- Diciembre de 2019: Inicio de la relación laboral en LogiRAIL como personal eventual.
- Febrero de 2022: Extinción del contrato por finalización de obra y servicio.
- Indemnización: La empresa aplicó un despido procedente tras dos años y dos meses de actividad.
- Sustitución indirecta: Solo unos meses después de su salida, LogiRAIL contrató a otra persona vinculada al entorno de Ábalos, Andrea de la Torre Maeso.
La coincidencia en el tiempo entre la salida de Montes y la entrada de nuevos perfiles cercanos al exministro sugiere, para los investigadores, un posible uso recurrente de la empresa pública como agencia de colocación para compromisos personales. La defensa de Barbero se aferra a la pulcritud de los expedientes, mientras el testimonio de los implicados empieza a revelar una estructura de privilegios laborales difícil de justificar en el marco de la transparencia institucional.