La integridad en la gestión de los fondos públicos se sitúa nuevamente en el centro del debate político en Galicia. El actual alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, se encuentra bajo un estricto escrutinio judicial tras ser imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa continuada. La investigación gira en torno a la omisión de trámites obligatorios para validar su salario de exclusividad mientras mantenía actividades empresariales privadas.
El conflicto de intereses entre Auria TV y el sueldo municipal
Desde que asumiera el bastón de mando en junio de 2019, Jácome ha percibido sus emolumentos bajo el régimen de dedicación exclusiva. Sin embargo, la justicia pone en duda la legalidad de estos cobros, ya que el regidor es simultáneamente el propietario y principal gestor de Auria TV, un canal de televisión de ámbito local. Según el magistrado Leonardo Álvarez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, existe una obligación «evidente» de haber solicitado una autorización de compatibilidad ante el pleno del Ayuntamiento.
La cifra bajo sospecha no es menor: se estima que el alcalde ha ingresado más de 400.000 euros de las arcas públicas desde el año 2020 hasta la actualidad. El juez sostiene que estos pagos podrían ser indebidos, ya que el investigado no habría sometido a votación su situación profesional externa, impidiendo que el resto de representantes públicos valorasen la legalidad de su doble rol.
Argumentos judiciales: La presunta consciencia de ilegalidad
El auto judicial es especialmente crítico con la conducta del regidor, calificándola de vulneración «grosera» de la normativa vigente. Un punto clave en la instrucción es el episodio en el que Jácome retiró una solicitud de compatibilidad previa justo antes de que fuera a ser debatida en sesión plenaria. Para el magistrado, este movimiento sugiere que el alcalde tenía plena conciencia de que la cámara municipal no respaldaría su situación de pluriempleo, optando por mantener el cobro de su salario sin la debida aprobación legal.
Asimismo, el tribunal ha restado validez a las pruebas presentadas por la defensa. Un informe técnico aportado por el equipo del alcalde ha sido desestimado por carecer de fundamentación económica y jurídica sólida. El juez resalta que el autor de dicho informe admitió haberlo redactado basándose exclusivamente en las declaraciones verbales del propio Jácome, lo que invalida su utilidad como prueba exculpatoria en un proceso de esta índole.
Claves del proceso judicial contra Pérez Jácome
- Dedicación exclusiva bajo sospecha: Percepción de salario público íntegro sin renunciar a la explotación comercial de su televisión privada.
- Omisión del control plenario: Falta de transparencia al evitar que el pleno del Ayuntamiento fiscalizara sus actividades externas.
- Perjuicio económico municipal: Posible cobro indebido de fondos públicos que, sin la compatibilidad aprobada, no le corresponderían legalmente.
- Rechazo de informes periciales: La justicia considera que las justificaciones presentadas por el alcalde carecen de rigor técnico.
Perspectivas y futuro de la gestión en Ourense
Este escenario judicial coloca a la alcaldía en una posición de debilidad institucional. La prevaricación administrativa, cuando se presenta de forma continuada, conlleva penas severas que podrían afectar directamente a la continuidad de Gonzalo Pérez Jácome al frente del consistorio. La resolución del caso dependerá de si se logra demostrar que el alcalde actuó de forma deliberada para eludir el marco legal que regula las incompatibilidades de los cargos públicos, priorizando su beneficio económico personal sobre el cumplimiento de la ley orgánica de régimen local.