Instituciones judiciales denuncian una campaña de desprestigio contra el juez Peinado
En un movimiento sin precedentes dentro de la judicatura madrileña, la **Junta de Jueces de Instrucción de Madrid** ha emitido un comunicado oficial para blindar la figura del magistrado **Juan Carlos Peinado**. Esta reacción surge como respuesta directa a lo que consideran una escalada de hostilidades y descalificaciones personales y profesionales que buscan, en última instancia, erosionar la credibilidad de las instituciones encargadas de impartir justicia.
El cuerpo de magistrados madrileños ha manifestado su rotundo rechazo ante las valoraciones emitidas por altos cargos de la administración central. Según la declaración institucional, las críticas recibidas por Peinado no solo afectan a su integridad individual, sino que representan un cuestionamiento constante a la **labor jurisdiccional** y a la **independencia judicial**, pilares fundamentales de cualquier sistema democrático saludable.
El choque frontal entre el Ejecutivo y el Poder Judicial
El origen de este conflicto institucional reside en la investigación que afecta a **Begoña Gómez**, cónyuge del presidente del Gobierno. Las declaraciones de **Félix Bolaños**, ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, han actuado como catalizador de este malestar. El ministro llegó a calificar la instrucción como una situación que «ha avergonzado a muchos ciudadanos» y a otros integrantes de la carrera judicial, sugiriendo un daño irreparable al sistema.
Ante estas afirmaciones, los jueces de Madrid han sido tajantes. Consideran que el tono empleado por el **Ejecutivo** no solo falta al respeto debido entre poderes del Estado, sino que tiene el objetivo deliberado de «socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces». En este sentido, los magistrados subrayan los siguientes puntos críticos en su defensa:
- La protección de la autonomía de los juzgados frente a presiones políticas externas.
- El rechazo a cualquier intento de deslegitimar procesos abiertos mediante ataques a la figura del instructor.
- La necesidad de mantener la separación de poderes como garantía de imparcialidad para toda la sociedad.
Igualdad ante la ley: la premisa innegociable de la judicatura
La declaración concluye con un recordatorio sobre la esencia del **Estado de Derecho**. Los jueces han reafirmado que su compromiso constitucional reside en la aplicación de la normativa de forma equitativa, bajo el principio de que la ley es igual para todos los ciudadanos **sin privilegios** de ninguna clase. Esta postura reafirma su papel como servidores públicos que operan al margen de los ciclos políticos o los intereses de partido.
La solidaridad expresada hacia el juez Peinado no es solo un gesto de compañerismo, sino una advertencia sobre el riesgo que supone para la democracia la normalización de la crítica política hacia las decisiones técnicas de los tribunales. Con este respaldo, el Tribunal de Instancia de Madrid deja claro que el **Poder Judicial** mantendrá su función fiscalizadora y su independencia, independientemente de la relevancia de los sujetos implicados en las causas abiertas.