Lo que debía ser una labor de inteligencia bajo el amparo de la legalidad ha quedado retratado en la Audiencia Nacional como una escena propia de una novela de espionaje de bajo presupuesto. Durante las recientes sesiones del juicio por la Operación Kitchen, dos efectivos de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) han ratificado un episodio clave: la extracción de datos de los dispositivos personales de Luis Bárcenas se ejecutó de forma clandestina en un local de hostelería madrileño, evidenciando las irregularidades de este operativo parapolicial.
Espionaje entre cafés: El volcado en la calle Velázquez
El testimonio más impactante describe cómo la Policía Nacional, bajo directrices de la cúpula de Interior durante el mandato de Mariano Rajoy, utilizó una mesa apartada de una cafetería Vips en el centro de Madrid para realizar el clonado de un teléfono móvil y una tableta pertenecientes al extesorero del PP. Según los agentes, la orden fue transmitida con carácter de «máxima urgencia», obligando a desplegar equipos informáticos portátiles en un entorno público poco convencional para este tipo de diligencias oficiales.
El operativo en el establecimiento no fue una coincidencia. En dicha reunión participó el entonces comisario jefe de la UCAO, Enrique García Castaño, quien acudió acompañado de un individuo presentado inicialmente como una «fuente de confianza». Con el avance de las investigaciones, los agentes han podido identificar a ese acompañante como Sergio Ríos, el chófer de la familia Bárcenas, quien presuntamente actuaba como infiltrado para facilitar el acceso a la información sensible del extesorero.
La cadena de custodia de la información sustraída
El proceso técnico para obtener los datos no solo fue inusual por su ubicación, sino por el manejo posterior de la información. El análisis de los dispositivos duró poco más de una hora, tiempo durante el cual se realizó un volcado completo en ordenadores encriptados. Los puntos clave del trasvase de datos fueron:
- Extracción inicial en caliente dentro de la cafetería mediante equipos portátiles.
- Procesamiento de la información en la base operativa policial al día siguiente.
- Transferencia del contenido a un soporte USB (pendrive) de acceso restringido.
- Entrega final del dispositivo de almacenamiento a García Castaño, saltándose presuntamente los protocolos judiciales habituales.
Uno de los policías confirmó que, tras asegurar que la información estaba en manos de sus superiores, se procedió al borrado de los datos de los equipos utilizados para la extracción, una práctica que calificó como rutinaria pero que, en el contexto de la Operación Kitchen, adquiere un matiz de eliminación de rastro sobre un posible delito de malversación y robo de documentos.
Vigilancia y seguimiento al entorno familiar de Bárcenas
El juicio no solo se centra en el robo de datos digitales, sino también en el hostigamiento físico al que fue sometido el entorno del extesorero. Otros agentes que comparecieron como testigos detallaron los seguimientos realizados a Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas. El pretexto oficial proporcionado a los operativos era la búsqueda de activos ocultos o la identificación de posibles testaferros vinculados a la financiación irregular del partido.
Sin embargo, la intensidad de estas vigilancias —que incluían reportes detallados sobre domicilios, establecimientos visitados y reuniones personales— apunta a un objetivo distinto: la localización de los documentos que Bárcenas guardaba y que podrían resultar comprometedores para altos cargos del Gobierno de aquella época. La coordinación de estos seguimientos recaía en mandos que, de forma recurrente, solicitaban la geolocalización de los objetivos cada vez que se perdía el contacto visual.
Implicaciones institucionales de un operativo en la sombra
Este nuevo bloque de testimonios refuerza la tesis de la Fiscalía sobre la existencia de una estructura paralela en el Ministerio del Interior diseñada para proteger intereses partidistas. El hecho de que agentes en activo reconozcan haber operado en sedes oficiales de la Secretaría de Estado de Seguridad para gestionar equipos informáticos relacionados con el caso, aunque aleguen fines irrelevantes, añade presión sobre la responsabilidad de los cargos políticos imputados.
En definitiva, la confirmación del volcado de los dispositivos de Luis Bárcenas en una cafetería común no es solo un detalle anecdótico, sino una prueba de la desnaturalización de las funciones policiales en favor de una agenda de espionaje político que ahora busca su sentencia definitiva en los tribunales.