La gestión de las terminales aéreas en la comunidad gallega seguirá bajo el mando estatal tras el último choque dialéctico en el Pazo do Hórreo. El intento del nacionalismo por descentralizar el control de las infraestructuras estratégicas ha chocado con un bloque sólido formado por el PP y el PSOE, quienes han invocado la seguridad jurídica y el marco constitucional para frenar la iniciativa.
El blindaje constitucional frente a la soberanía aeroportuaria
La propuesta, defendida con vehemencia por el BNG, buscaba iniciar el camino hacia una autonomía plena en la gestión de los vuelos y las infraestructuras de transporte. Sin embargo, para los dos partidos mayoritarios, esta aspiración carece de encaje en el ordenamiento actual. El PSOE, a través de su portavoz Carlos López Font, ha subrayado que, aunque es posible una gestión delegada bajo estricta vigilancia del Estado, la titularidad no puede ser objeto de un intercambio político ordinario.
Desde las filas de los populares, la crítica ha sido más punzante. Paula Prado ha calificado la propuesta de «humo electoralista», señalando que cualquier transferencia de competencias debe ir obligatoriamente ligada a una financiación transparente y real. Para el PP de Galicia, la prioridad no es la acumulación de títulos administrativos, sino el mantenimiento de una red de conexiones estable y eficiente que no dependa de «ocurrencias» políticas sin respaldo económico.
Más allá del turismo: La visión logística del BNG
El argumento central del nacionalismo, expuesto por Paulo Ríos, gira en torno a un cambio de paradigma. Para el BNG, la gestión actual de la Xunta de Galicia y del Gobierno central peca de ser «reduccionista», al contemplar los aeropuertos únicamente como puertas de entrada para visitantes. Su propuesta ponía sobre la mesa elementos clave para el desarrollo regional:
- El potencial de los aeropuertos como nodos críticos para el transporte de mercancías.
- La integración real de los vuelos con otros medios de transporte bajo un modelo de intermodalidad eficiente.
- La mejora de la movilidad interna para los ciudadanos gallegos, más allá de la estacionalidad turística.
- La capacidad de decisión propia frente a modelos que ya se están explorando en otras regiones como el País Vasco.
Según el diputado nacionalista, la negativa de populares y socialistas refleja una falta de confianza en la madurez institucional de Galicia para gestionar sus propios recursos estratégicos.
Inviabilidad técnica y disputas por la gestión local
El debate también ha servido para airear las diferencias sobre el rendimiento actual de las terminales. Mientras el PSOE cuestionaba la capacidad de la administración autonómica para asumir semejante reto tras años de inacción en materia de competencias, el PP aprovechaba para atacar la gestión municipal en ciudades como Santiago de Compostela. Los populares vinculan la pérdida de dinamismo en algunos aeropuertos con políticas locales que consideran «turismofóbicas».
La resolución del conflicto parlamentario deja claro que, al menos a corto plazo, el modelo de gestión aeroportuaria gallega no sufrirá variaciones estructurales. La vía sugerida por los socialistas para desbloquear la situación apunta hacia una comisión bilateral con el Estado, buscando una mayor participación gallega en la toma de decisiones sin romper el principio de titularidad estatal que rige en las infraestructuras calificadas de interés general.
Conclusión: Un debate que trasciende las pistas de aterrizaje
Este nuevo desencuentro en el Parlamento subraya la distancia insalvable entre quienes ven en la descentralización una herramienta de progreso económico y quienes priorizan la unidad de acción del Estado en sectores estratégicos. La negativa al traspaso no solo cierra una puerta legislativa, sino que reafirma el statu quo de unas infraestructuras que seguirán siendo gestionadas desde Madrid, bajo la atenta y crítica mirada de un nacionalismo que reclama una mayoría de edad para la gestión pública gallega.