Desde el centro penitenciario de Soto del Real, el exministro José Luis Ábalos ha dinamitado el relato oficial sobre una de las operaciones más polémicas de la legislatura pasada: la inyección de 53 millones de euros a la aerolínea Plus Ultra. El que fuera una de las piezas fundamentales del engranaje socialista sostiene ahora que su postura fue de rechazo frontal, una advertencia que, según su testimonio, llegó directamente al despacho de Pedro Sánchez sin surtir efecto alguno.
El eje de la discordia: El supuesto puenteo de Zapatero
En un giro narrativo que añade presión a la estructura de Moncloa, Ábalos rechaza la tesis de que existieran dos canales de influencia paralelos para facilitar el rescate. Frente a las sospechas judiciales que apuntan a una vía gestionada por él y otra liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, el exministro asegura que su papel fue el de un espectador ignorado. Según su versión, fue Zapatero quien ejerció un papel predominante, contactando directamente con cargos subordinados del ministerio, como Pedro Saura, para evitar su supervisión.
Ábalos insiste en que el acuerdo le fue impuesto a través del Consejo de Ministros, momento en el cual habría manifestado su disconformidad al presidente del Gobierno. Sus argumentos se centraban en la falta de consolidación de Plus Ultra en el mercado aéreo, lo que convertía la operación de apoyo financiero en un riesgo innecesario bajo su criterio técnico y político.
Agravio comparativo y la «doble vara» del socialismo
Más allá de los detalles técnicos del préstamo, el discurso de Ábalos destila una profunda indignación por lo que considera un trato discriminatorio dentro de las filas del PSOE. El exdirigente establece una comparativa directa entre su situación procesal por el caso Koldo y la protección de la que goza Zapatero a pesar de las investigaciones sobre el rescate aéreo.
- Denuncia la ausencia de presunción de inocencia en su caso particular.
- Critica el blindaje político y mediático que el partido otorga al expresidente Zapatero.
- Señala una fractura ética en la gestión de las crisis internas del Gobierno de coalición.
La respuesta técnica del Ejecutivo y el aval de la SEPI
Frente a las acusaciones de arbitrariedad, el Gobierno se mantiene firme en la defensa del procedimiento administrativo. Las fuentes oficiales subrayan que la concesión de las ayudas a través del FASEE no respondió a una decisión política discrecional, sino al cumplimiento estricto de un marco normativo diseñado para proteger a sectores estratégicos durante la crisis sanitaria.
Para respaldar la legalidad de los 53 millones de euros, el Ejecutivo recuerda que existieron al menos seis informes técnicos de carácter independiente que validaron la solvencia y la importancia de Plus Ultra para la conectividad aérea nacional. Según esta postura, el proceso fue reglado y carente de las «líneas de influencia» que menciona el magistrado José Luis Calama en su instrucción.
El papel de Bruselas y la fiscalización europea
Un factor clave en este escenario es la postura de la Comisión Europea. Desde Bruselas se ha aclarado que la operación no requería una notificación individual, ya que el monto no superaba el umbral crítico de los 250 millones de euros. Esto permitió que el rescate se ejecutara bajo el paraguas del fondo de recapitalización general que ya había sido visado previamente por las autoridades de competencia de la Unión Europea.
Por su parte, la directiva de Plus Ultra ha manifestado su compromiso total con la justicia, asegurando que están analizando el levantamiento del secreto de sumario con el fin de demostrar que el uso de los fondos fue transparente y ajustado a derecho. Mientras tanto, el testimonio de Ábalos añade una capa de incertidumbre sobre si las decisiones se tomaron en base a informes técnicos o bajo la sombra de un ajedrez político que ahora empieza a desmoronarse.