La salud de una democracia se mide, entre otros factores, por la capacidad de sus profesionales jurídicos para ejercer su labor sin coacciones. Recientemente, el Estado de derecho se ha visto sacudido por una corriente de hostilidad que busca socavar la figura del letrado. La institución que representa a estos profesionales en España ha manifestado su profunda preocupación ante lo que considera una escalada de descalificaciones que no solo afecta a nombres concretos, sino a la arquitectura misma de la justicia.
La vulnerabilidad del derecho de defensa en el espacio público
En los últimos tiempos, el escenario digital y los medios de comunicación se han convertido en tribunales paralelos donde se juzga, antes que al acusado, a su representante legal. El Consejo General de la Abogacía Española ha identificado una tendencia alarmante: el señalamiento público de abogados por el simple hecho de asumir defensas en casos de alta sensibilidad social o política.
Esta atmósfera de estigmatización no es un fenómeno aislado de nuestras fronteras. Diversos organismos internacionales han encendido las alarmas al observar cómo las amenazas y las campañas de descrédito se están globalizando, poniendo en jaque la libertad profesional y la seguridad de quienes deben velar por el cumplimiento de las garantías procesales.
El principio de no identificación: Un pilar bajo asedio
Uno de los conceptos más difíciles de asimilar para la opinión pública, pero más fundamentales para el sistema jurídico, es que un abogado no es su cliente. La defensa técnica no implica una adhesión ideológica ni moral a las acciones de la persona representada. Sin embargo, este principio se está desdibujando peligrosamente.
- El letrado ejerce una función constitucional esencial para el equilibrio de poderes.
- La identificación del profesional con la causa que defiende debilita la presunción de inocencia.
- Los ataques institucionales y mediáticos generan un efecto disuasorio que perjudica la calidad de la justicia.
Impacto en la asistencia jurídica gratuita y casos mediáticos
El foco de esta agresividad suele centrarse en dos perfiles específicos: aquellos abogados que intervienen en procesos de gran impacto informativo y los profesionales que sostienen el Turno de Oficio. Estos últimos, que garantizan la asistencia jurídica gratuita, se encuentran a menudo en situaciones de vulnerabilidad, enfrentándose a presiones que suponen una injerencia directa en su autonomía.
La misión de estos profesionales no es otra que asegurar que el proceso se desarrolle bajo los cauces de la legalidad y la deontología profesional. Cuando se ataca a un abogado de oficio por defender a un acusado de un crimen impopular, se está atacando el derecho de cualquier ciudadano a tener un juicio justo.
La independencia del letrado como patrimonio del ciudadano
Desde la presidencia del Consejo, Salvador González ha sido tajante al respecto: la independencia de la abogacía no debe entenderse como un privilegio corporativo. Se trata, en realidad, de un derecho de la ciudadanía. Si un abogado no puede trabajar libre de miedo o presiones externas, es el ciudadano quien pierde su escudo protector frente a los abusos de poder.
Preservar la integridad de los letrados es, en última instancia, una forma de salvaguardar la igualdad ante la ley. El llamamiento es claro y urgente: es responsabilidad de los poderes públicos y de la sociedad civil frenar cualquier discurso que pretenda criminalizar el ejercicio de la defensa. Sin una abogacía libre y respetada, el concepto de justicia se convierte en una cáscara vacía.
En conclusión, el respeto hacia la figura del abogado es el termómetro que indica la calidad democrática de un país. Solo garantizando un entorno seguro para la práctica legal se puede asegurar que los derechos y libertades de todos, sin excepción, permanezcan intactos frente a las derivas del juicio social.