La consolidación de una nueva etapa de entendimiento institucional entre el Estado y la Generalitat de Cataluña ha quedado patente tras la reciente ratificación de acuerdos económicos y de seguridad. Este miércoles, el Ministerio de Política Territorial fue el escenario de una serie de reuniones de comisiones bilaterales y mixtas donde se validaron los compromisos clave alcanzados entre el Ejecutivo de Salvador Illa y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) de cara a los presupuestos de 2026.
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Uno de los pilares más relevantes de este acuerdo es el blindaje de la financiación para la policía autonómica. El objetivo es ambicioso: alcanzar una plantilla de 25.000 efectivos para el año 2030. Actualmente, el cuerpo cuenta con unos 22.000 agentes, lo que supone un incremento progresivo que requerirá una inyección estatal estimada en 210 millones de euros.
La metodología para esta transferencia de fondos se ha definido con precisión técnica:
- Se toma como base el número de agentes certificados en el año 2021.
- El Estado abonará la diferencia de efectivos multiplicada por un coste unitario de 70.600 euros por agente adicional.
- Dicha cifra económica se actualizará anualmente vinculada a la evolución del IPC.
Infraestructuras y el nuevo vehículo de inversión estatal
Ante la imposibilidad técnica de aprobar el Consorci d’Inversions en el Congreso, las administraciones han optado por una vía ejecutiva: la creación de una sociedad mercantil de inversiones del Estado en Cataluña. Esta entidad permitirá canalizar proyectos de gran envergadura sin depender de mayorías parlamentarias complejas en la Cámara Baja.
Entre los proyectos estrella que gestionará esta nueva estructura destaca la recuperación de la línea orbital ferroviaria. Este trazado, que evoca los planes del antiguo «tripartit», busca conectar Mataró con Vilafranca del Penedès sin necesidad de saturar el núcleo de Barcelona. La obra tiene una previsión de coste de 5.200 millones de euros, con un horizonte de ejecución entre 2027 y 2040, contando con el respaldo financiero del Banco Europeo de Inversiones (BEI).
Hacia una mayor autonomía en la gestión territorial y lingüística
El pacto también redefine la gobernanza de instituciones estratégicas y la gestión de recursos naturales. La Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona pasarán a ostentar la mayoría en el Consorci de la Zona Franca, dejando al Estado con una participación del 40%. Este cambio de equilibrio busca una gestión más pegada al territorio y a las necesidades locales de la capital catalana.
En el ámbito competencial, se ha formalizado el traspaso de funciones sobre la ordenación y gestión del litoral. Cataluña asumirá plenamente los servicios en esta materia, reforzando su patrimonio con la cesión de espacios emblemáticos como la segunda planta del Edificio Siza, actual sede del Centro Meteorológico en la ciudad condal.
La lengua catalana también ha ocupado un lugar central en la mesa de negociación, acordándose medidas concretas para su promoción:
- Creación de un grupo de trabajo antes de finalizar el año para extender la formación en catalán a los funcionarios del Estado en la región.
- Digitalización y adaptación de portales web y trámites electrónicos de la Administración General del Estado a la opción lingüística catalana.
- Activación de una subcomisión específica para asuntos exteriores, un órgano previsto que hasta ahora no se había puesto en funcionamiento.
Asuntos pendientes en la agenda bilateral
A pesar del avance significativo, el encuentro liderado por el ministro Ángel Víctor Torres y el conseller Albert Dalmau ha dejado fuera, por el momento, cuestiones de alta sensibilidad política. El debate sobre la recaudación del IRPF por parte de la Generalitat —un punto clave para ERC— y la coordinación de la gobernanza aeroportuaria se han pospuesto para futuras sesiones de la Comisión Bilateral.
Este paquete de medidas no solo busca dar estabilidad al Govern de Salvador Illa, sino también sentar las bases para la aprobación de las cuentas públicas de 2026, para lo cual la Generalitat ya ha iniciado contactos con otras fuerzas políticas como los comuns, con el fin de garantizar una mayoría parlamentaria sólida en el Parlament.