La estrategia de la cooperación española en África ha tomado un rumbo marcado por la externalización de servicios. El Ministerio de Asuntos Exteriores, operando a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ha comprometido una suma superior a los 5,2 millones de euros en una serie de contratos destinados teóricamente a fortalecer la integridad institucional en Mozambique. Sin embargo, el análisis de estos expedientes revela una estructura de gasto que prioriza la gestión administrativa externa sobre la intervención directa en el terreno.
Un modelo de gestión basado en la asistencia externa
Desde el año 2022, la Aecid ha recurrido de forma sistemática a la contratación de empresas externas para liderar el proyecto denominado «Apoyo al combate a la corrupción en Mozambique». Esta tendencia no es casual; la propia administración ha reconocido formalmente que carece de los medios internos necesarios para supervisar y ejecutar estas políticas de forma autónoma. Como consecuencia, el presupuesto se diluye en capas de asistencia técnica, planificación y seguimiento que sostienen la operatividad del programa desde oficinas externas.
La distribución de estos fondos se ha fragmentado en cinco expedientes principales que abarcan un horizonte temporal que se extiende hasta 2026. La cronología de estas adjudicaciones muestra una aceleración en el gasto:
- Ejercicios 2022 y 2023: Se formalizaron cuatro contratos fundamentales que sumaron cerca de 3 millones de euros.
- Proyección 2026: Ya se ha adjudicado un nuevo lote por valor de 1,13 millones para dar continuidad a las labores de coordinación.
- Gasto acumulado: El total de la inversión para estas funciones de apoyo técnico roza los 5,25 millones de euros.
Advertencias del Tribunal de Cuentas y debilidades estructurales
Este despliegue económico ocurre bajo la lupa de los organismos de supervisión. El Tribunal de Cuentas ha sido particularmente crítico con el funcionamiento de la Aecid, señalando en sus informes más recientes una alarmante falta de planificación estratégica. El organismo advierte que la fragmentación del gasto en múltiples contratos dificulta la evaluación de los resultados reales. En la práctica, resulta complejo discernir si los millones invertidos están reduciendo efectivamente los índices de corrupción en Mozambique o si simplemente alimentan una estructura burocrática subcontratada.
Además, existe una brecha significativa entre las recomendaciones de los auditores y la ejecución de la agencia. Se estima que el grado de cumplimiento de las correcciones sugeridas por el Tribunal de Cuentas es de apenas un 30%, lo que evidencia una resistencia institucional a mejorar la transparencia y el control interno en la gestión de estos fondos internacionales.
La subjetividad en las adjudicaciones: ¿Falta de competencia?
Uno de los puntos más controvertidos en el diseño de estos contratos es el peso que se otorga a los criterios cualitativos frente a la oferta económica. En la mayoría de los pliegos analizados, la metodología y la experiencia previa del equipo propuesto concentran la mayor parte de la puntuación. Este enfoque, aunque busca garantizar la solvencia técnica, suele derivar en una reducción de la competencia efectiva, favoreciendo a entidades que ya conocen los mecanismos de la administración y consolidando relaciones recurrentes entre el sector público y determinados adjudicatarios.
A este escenario se suman los retrasos operativos. El programa contra la corrupción en el país africano llegó a acumular una parálisis de hasta dos años. La reactivación mediante contratos externos masivos parece ser la respuesta de Exteriores para intentar cumplir con los compromisos adquiridos ante la Unión Europea, aunque ello implique renunciar a la gestión directa y depender totalmente de consultoras privadas para la viabilidad del proyecto.
Dispersión de fondos y objetivos secundarios
Más allá de los grandes contratos de gestión, la cooperación en Mozambique también ha derivado fondos hacia áreas que parecen alejadas de la lucha estructural contra la corrupción. Se han registrado ayudas para proyectos audiovisuales y cinematográficos que, si bien son menores en cuantía (alrededor de 80.000 euros), contribuyen a la percepción de una dispersión presupuestaria. Esta fragmentación de recursos en instrumentos tan diversos complica la tarea de medir el impacto socioeconómico real de la ayuda española, un déficit crónico que sigue sin resolverse a pesar de las elevadas inversiones en asistencia técnica y consultoría de seguimiento.