La justicia madrileña ha puesto el foco sobre la gestión personal y profesional de Manuel Bautista, actual alcalde de Móstoles. Un juzgado especializado en violencia sobre la mujer ha decidido admitir a trámite una querella que no solo sacude los cimientos del consistorio, sino que también señala directamente a la estructura interna del Partido Popular. El proceso judicial busca esclarecer si el regidor incurrió en delitos de acoso sexual y laboral, entre otros cargos de extrema gravedad que han derivado en una crisis institucional de calado.
El rol del médico forense en la instrucción judicial
Uno de los pasos más significativos dictados por la magistrada titular es la intervención inmediata de los servicios periciales. La justicia ha ordenado que la denunciante, una exconcejala del PP local, sea reconocida por un médico forense. El objetivo técnico de esta diligencia es evaluar y «determinar las consecuencias lesivas» derivadas de los episodios narrados en la querella.
Este peritaje es fundamental para cuantificar el daño a la integridad moral y las posibles lesiones psicológicas sufridas por la víctima. La instrucción, que ha recibido un impulso tras las peticiones de la Fiscalía ante la previa inactividad del juzgado, ha fijado el 29 de junio como fecha clave para que la querellante preste su declaración oficial ante la magistrada.
Un patrón de hostigamiento y abuso de poder
El relato que sustenta la querella describe una evolución tóxica de la relación profesional entre la exedil y el alcalde. Según la defensa de la víctima, los hechos se remontan a la etapa de la campaña electoral de 2022. La acusación sostiene que se produjeron los siguientes hitos:
- Solicitud inicial de favores de índole sexual con la intención de establecer una relación personal.
- Despliegue de un patrón sistemático de hostigamiento tras la negativa de la concejala.
- Abuso de superioridad jerárquica encaminado a la invisibilización profesional de la querellante.
- Aislamiento laboral que culminó en la dimisión forzada de la edil en octubre de 2024.
Además de los delitos de acoso, se investiga la presunta revelación de secretos. Esta acusación surge tras la difusión de correos electrónicos privados entre la denunciante y la Comunidad de Madrid, los cuales terminaron en manos de medios de comunicación, comprometiendo su identidad y privacidad.
La responsabilidad del Partido Popular como entidad jurídica
La querella no se limita a la figura individual de Manuel Bautista. Por primera vez en un caso de esta naturaleza en la región, la acción penal se dirige también contra el Partido Popular como persona jurídica. La acusación argumenta que existió una «omisión y fracaso» flagrante de los protocolos de protección internos.
Según el equipo legal de la exconcejala, se intentó solucionar el conflicto por cauces institucionales antes de acudir a la vía penal. Sin embargo, la supuesta falta de respuesta y el desamparo institucional obligaron a la víctima a judicializar el caso para buscar el amparo que su propia formación política, presuntamente, le negó.
Defensa del alcalde y respaldo institucional de Ayuso
Desde el entorno del Ayuntamiento de Móstoles, la respuesta ha sido de rechazo absoluto. El alcalde ha negado categóricamente las acusaciones, calificándolas de «falsas» y carentes de cualquier respaldo probatorio. El consistorio defiende la honorabilidad de Bautista y asegura que la querella busca únicamente el daño político.
En el plano regional, Isabel Díaz Ayuso ha salido en defensa del regidor mostoleño. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha sugerido que Bautista se encuentra en una situación de «indefensión» y ha vinculado la gestión mediática del caso con un uso interesado por parte del Gobierno central. Mientras el clima político se tensa, el juzgado de Móstoles avanza en una fase de instrucción que determinará si existen indicios suficientes para sentar al alcalde en el banquillo de los acusados.