La investigación judicial para esclarecer las responsabilidades y la gestión de la catástrofe meteorológica del pasado 29 de octubre en la provincia de Valencia entra en una fase determinante. La titular del Juzgado de Instrucción de Catarroja ha formalizado una serie de citaciones que sitúan a los representantes municipales en el centro de la escena jurídica. El objetivo primordial de estas comparecencias es reconstruir la cronología de los hechos y la efectividad de los protocolos de emergencia desde la perspectiva de las administraciones locales, que fueron las primeras en enfrentar el impacto del agua.
Calendario de comparecencias: Los alcaldes ante la justicia
El proceso de declaraciones se extenderá durante las próximas semanas, convirtiendo a la sede judicial de Catarroja en el epicentro de la actividad legal relacionada con la riada. Los testimonios se han organizado de forma escalonada para permitir un análisis exhaustivo de cada jurisdicción afectada. El cronograma establecido es el siguiente:
- 5 de noviembre: Abre la ronda de testimonios Lorena Silvent, alcaldesa de Catarroja, a las 09:30 horas.
- 2 de diciembre: Jornada doble con la presencia de Eva Sanz (Benetúser) a primera hora y Juan Ramón Adsuara (Alfafar) a las 11:30 horas.
- 4 de diciembre: Concluirán las declaraciones de los ediles con Francisco Antonio Comes (Masanasa) y José Miguel Ferris (Albal).
Estas comparecencias en calidad de testigos buscan aportar luz sobre las comunicaciones recibidas por parte de los organismos superiores y la capacidad de reacción que tuvieron los municipios ante una crecida que desbordó cualquier previsión histórica en la comarca de l’Horta Sud.
Perfiles técnicos y policiales en la fase de instrucción
La jueza no limitará la toma de contacto a los cargos políticos. La estrategia judicial incluye la participación de perfiles operativos y de comunicación que resultan críticos para entender la gestión de crisis a nivel autonómico. El próximo 25 de noviembre será un día clave con la declaración de la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Comunidad Valenciana.
En esa misma jornada, se espera el testimonio de un antiguo asesor de prensa de la Generalitat Valenciana, cuya declaración podría aportar detalles sobre el flujo de información pública durante las horas críticas de la emergencia. Asimismo, el 30 de noviembre se ha reservado para la comparecencia de efectivos de los bomberos forestales de Buñol, quienes aportarán la visión técnica de quienes trabajaron sobre el terreno en las labores de rescate y contención inicial.
Hacia un análisis profundo de la gestión de la emergencia
Lo que se ventila en estas salas no es solo una sucesión de relatos, sino una auditoría jurídica sobre la prevención de riesgos y la coordinación institucional. La inclusión de alcaldes de diversas siglas políticas subraya el carácter técnico y no partidista de la instrucción en esta fase. Se pretende determinar si los avisos llegaron a tiempo, si las autoridades locales contaron con el apoyo necesario y qué obstáculos impidieron una respuesta más ágil ante la magnitud de la DANA.
Con estas diligencias, la justicia valenciana busca dar respuesta a una sociedad que demanda transparencia y justicia tras el suceso más trágico en la historia reciente de la región. Los resultados de estas declaraciones serán fundamentales para decidir si el proceso judicial avanza hacia nuevas imputaciones o si se derivan otras responsabilidades en la cadena de mando de Protección Civil y emergencias.