La estrategia jurídica de Víctor de Aldama ha dado un giro trascendental ante el Tribunal Supremo. Su defensa, liderada por el letrado José Antonio Choclán, no solo admite la participación en una red ilícita, sino que sitúa el origen de esta maquinaria mucho antes de lo sospechado, apuntando a una estructura de corrupción sistémica que ya estaba perfectamente engrasada años antes de que estallara el escándalo público vinculado a la pandemia.
El mito del origen: una estructura previa a la pandemia
Contrario a la narrativa que presentaba la red como una oportunidad coyuntural nacida en 2020, la defensa sostiene que Aldama se integró en una organización que ya operaba con impunidad desde el año 2015. Según los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) citados en la sala, esta red hundía sus raíces en Navarra, vinculando los inicios de figuras clave como Koldo García y Santos Cerdán con la gestión de influencias y el cobro de comisiones en administraciones públicas bajo control socialista.
Choclán ha sido enfático al señalar que su cliente no es el arquitecto de la trama, sino un actor que se suma a un engranaje de funcionarios ya corrompidos. En este sentido, la defensa argumenta que el empresario fue captado por una estructura que ya disponía de mecanismos similares en regiones como el País Vasco y Andalucía, buscando en Aldama un instrumento para amplificar el contacto con empresas dispuestas a participar en el reparto de la obra pública.
Garantías de pago: el papel de los activos inmobiliarios
Uno de los puntos más reveladores de la comparecencia ha sido la explicación sobre el uso de propiedades de lujo como mecanismo de garantía para el pago de dádivas. El caso del inmueble en el madrileño Paseo de la Castellana ilustra esta dinámica: según la defensa, no existía una intención real de compra, sino que funcionaba como un aval para asegurar que José Luis Ábalos recibiría sus beneficios económicos. Si Aldama no cumplía con los pagos acordados, la propiedad pasaba a ser el activo compensatorio.
- Inmuebles como aval: Uso de viviendas para garantizar el cobro de comisiones ilegales.
- Intermediación forzosa: La red buscaba perfiles empresariales para canalizar fondos hacia la organización.
- Estructura jerárquica: Una jerarquía asentada que precedía a los contratos de emergencia de 2020.
Efecto dominó: Torres y Armengol en el punto de mira
El horizonte judicial de la trama parece expandirse hacia nuevos nombres de la cúpula institucional. Durante su informe de conclusiones, el abogado defensor ha lanzado una advertencia directa sobre el futuro procesal de otros dirigentes. Tras mencionar que el destino de Ábalos, Koldo y Cerdán ya está trazado, Choclán aseguró que próximamente se definirá la situación de Ángel Víctor Torres y Francina Armengol.
Esta afirmación refuerza la tesis de que Aldama fue una pieza clave en una financiación irregular mucho más amplia, presuntamente ejecutada con el conocimiento de las más altas esferas del Gobierno. La defensa sugiere que la apertura de puertas en instituciones como la SEPI, donde Aldama llegó a formular ofertas millonarias por terrenos, solo se explica mediante una corrupción institucionalizada que permitía a ciertos actores actuar con total libertad en los despachos oficiales.
Colaboración frente al aparato estatal
La búsqueda de una reducción de pena por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha sido el motor de estas revelaciones. Al reconocer los hechos y no presentar una defensa contradictoria, Aldama intenta posicionarse como un colaborador necesario para desentrañar el funcionamiento interno de lo que define como una lucha contra el propio aparato del Estado. El letrado ha agradecido la disposición del fiscal Alejandro Luzón para valorar este atenuante, a pesar de las presiones internas en la Fiscalía General.
En última instancia, el testimonio de Aldama busca demostrar que la organización criminal era un ente autónomo y preexistente, del cual él fue un instrumento operativo. El éxito de esta estrategia no solo determinará la libertad del empresario, sino que podría obligar a los tribunales a revisar la actuación de la administración pública desde mediados de la década pasada, alterando por completo el mapa de responsabilidades políticas en España.