La estrategia judicial de Víctor de Aldama ha dado un giro hacia la gestión patrimonial en un intento por optimizar los recursos que podrían mitigar sus futuras condenas. El empresario, pieza clave en el denominado caso hidrocarburos, ha solicitado formalmente al magistrado Santiago Pedraz la autorización para gestionar de manera privada la venta de su flota de vehículos de alta gama, actualmente bajo custodia judicial.
El conflicto entre la subasta pública y el valor real de mercado
El núcleo de la petición de Aldama reside en una discrepancia económica fundamental. Según su equipo legal, los procedimientos de la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) suelen resultar en adjudicaciones por importes notablemente inferiores a los que se obtendrían en un mercado especializado. El investigado argumenta que, al ser él quien lidere las transacciones, se podrían alcanzar cifras «sustancialmente superiores» para cubrir sus responsabilidades pecuniarias.
Para Aldama, la intervención de la administración pública en la liquidación de estos activos no solo supone un riesgo de malventa, sino que ignora la naturaleza específica de ciertos bienes que posee, los cuales requieren un canal de comercialización más sofisticado que una subasta administrativa convencional.
Joyas de colección: El Ferrari y la flota bajo sospecha
Entre los 13 vehículos incautados por la Audiencia Nacional, destacan piezas que superan la categoría de simples medios de transporte. La defensa hace especial hincapié en modelos que poseen un valor intrínseco para inversores, tales como:
- Ferrari: Identificado en el escrito como una unidad de «coleccionista», cuyo valor tiende a revalorizarse en manos expertas.
- Jaguar: Vehículo de alta representación incluido en el lote bloqueado por la justicia.
- Land Rover: Varias unidades de todoterrenos de lujo que completan el patrimonio automovilístico intervenido.
Mientras que las valoraciones oficiales de la Administración de Castilla-La Mancha estiman el conjunto de la flota en unos 635.700 euros, Aldama sostiene que esta cifra es «sensiblemente inferior» a la realidad si se ejecutara una venta profesional. Su objetivo es que el montante obtenido quede consignado en el juzgado para responder no solo por el fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos, sino también por sus deudas pendientes en el caso Koldo.
Un blindaje financiero ante el fraude de los 200 millones
La urgencia de esta solicitud se enmarca en la magnitud de la causa que instruye el juez Pedraz. Se investiga un presunto fraude fiscal masivo que habría evadido más de 200 millones de euros mediante una trama de comercializadoras de combustible entre los años 2021 y 2024. Ante la gravedad de los cargos, asegurar un fondo de reparación lo más abultado posible es una prioridad para la defensa de Aldama.
Por su parte, la ORGA había propuesto anteriormente la subasta inmediata alegando dos razones técnicas: evitar la inevitable depreciación de los vehículos por falta de uso y eliminar los costes de mantenimiento y depósito que actualmente sufraga el Estado. La decisión final queda ahora en manos de la Audiencia Nacional, que deberá dirimir si confía en la capacidad de gestión del investigado o mantiene el cauce institucional para la liquidación de sus bienes de lujo.
Esta petición añade un nuevo capítulo a la compleja situación procesal de un empresario que, a pesar de sus condenas previas y colaboraciones con la justicia, busca mantener un control milimétrico sobre la liquidación de su patrimonio personal bajo el pretexto de la eficiencia económica judicial.