Terremoto judicial en Alicante por la adjudicación de viviendas en Playa de San Juan
La investigación judicial sobre el complejo Residencial Les Naus ha tomado un nuevo impulso con la citación de un nutrido grupo de implicados. La magistrada instructora, siguiendo la línea marcada por la Fiscalía Anticorrupción, ha llamado a declarar a un total de 15 personas en calidad de investigados. Este procedimiento busca determinar si existieron irregularidades penales en el proceso de concesión de viviendas de protección pública (VPP) en una de las áreas de mayor expansión de la costa alicantina.
El calendario judicial ya está fijado para los meses de mayo y junio, periodo en el que deberán comparecer tanto antiguos responsables políticos como técnicos de alto nivel. La causa se centra en la transparencia de los procesos administrativos y el cumplimiento de los requisitos legales para el acceso a estas promociones protegidas.
Perfiles bajo la lupa: de la gestión política a los beneficiarios
Entre los nombres más relevantes que figuran en la providencia judicial destaca Rocío Gómez, exedil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante. Junto a ella, la investigación alcanza a María Pérez-Hickman, quien desempeñó funciones como jefa del Servicio de Contratación y directora general. La lista de investigados se completa con perfiles técnicos y empresariales que fueron clave en el desarrollo del proyecto:
- Responsables técnicos: Un arquitecto municipal y el administrador de la firma Fraorgi, entidad gestora de la cooperativa promotora.
- Funcionarios autonómicos: El jefe de la Sección de Vivienda Protegida de la Generalitat, quien ya fue objeto de medidas disciplinarias por la administración autonómica en relación con los visados de la promoción.
- Adjudicatarios: Diez personas que resultaron beneficiarias de nueve de las viviendas bajo sospecha también deberán dar explicaciones ante la justicia.
Claves de la instrucción y testimonios estratégicos
La instrucción no solo se apoyará en los investigados. Para reconstruir el itinerario de la adjudicación, la magistrada ha acordado la comparecencia de siete testigos con perfiles especializados en gestión patrimonial, planificación habitacional y control de obras. Estos testimonios, provenientes tanto de la Conselleria de Vivienda como del consistorio alicantino, serán fundamentales para contrastar los protocolos seguidos.
Resulta significativo que la jueza haya mantenido la condición de investigado para el jefe de la Sección de Vivienda Protegida, rechazando la petición de la acusación popular de que declarara meramente como testigo. Esta decisión refuerza la tesis de la Fiscalía, que observa indicios de una presunta implicación directa del funcionario en los hechos que se dirimen.
Un proceso determinante para la transparencia urbanística
El caso de las VPP en Playa de San Juan pone de manifiesto la vigilancia extrema sobre las políticas de vivienda pública. Las próximas jornadas en los juzgados serán determinantes para esclarecer si los mecanismos de control fallaron o si, por el contrario, existió una voluntad de favorecer a determinados perfiles en la obtención de estos inmuebles. Con estas citaciones, la justicia busca blindar la integridad de los recursos públicos y asegurar que el acceso a la vivienda protegida responda estrictamente a los principios de igualdad y necesidad social.