La reciente aprobación de nuevos reales decretos en materia de vivienda por parte del Consejo de Ministros ha desencadenado una ofensiva judicial inmediata. El partido Se Acabó La Fiesta (SALF), liderado por el eurodiputado Alvise Pérez, ha formalizado una denuncia ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo solicitando una investigación exhaustiva sobre la tramitación de estas normas, bajo la sospecha de que se ha incurrido en un fraude de ley o fraude constitucional.
El pulso institucional: Del veto parlamentario a la vía del decreto
El núcleo del conflicto jurídico reside en la cronología de los hechos. El pasado 2 de octubre, el Congreso de los Diputados rechazó de forma contundente la convalidación de los decretos anteriores. Sin embargo, apenas cuatro días después, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio luz verde a dos nuevos textos que, según las propias declaraciones gubernamentales, mantienen la «esencia» de los textos que habían decaído previamente en sede parlamentaria.
Desde la óptica de la formación de Alvise, esta rapidez y similitud entre los textos sugiere una maniobra para eludir la soberanía legislativa. La denuncia no señala directamente un delito de prevaricación administrativa por la simple firma del decreto, sino que pone el foco en el expediente administrativo previo, buscando identificar si existieron actos decisorios que vulneren los principios de legalidad y taxatividad.
Rastreo digital y metadatos: Las pruebas clave solicitadas
Una de las peticiones más llamativas del escrito presentado ante el Supremo es el requerimiento de los metadatos y registros electrónicos de los expedientes. SALF busca reconstruir la trazabilidad exacta de los trabajos realizados entre el 2 y el 6 de octubre. El objetivo es determinar documentalmente si el Gobierno realmente elaboró nuevos informes técnicos o si simplemente se limitó a reutilizar material que ya había sido invalidado por el Poder Legislativo.
- Ministerio de Vivienda: Se exige la entrega de las memorias de impacto normativo actualizadas.
- Abogacía del Estado: Revisión de los informes jurídicos que avalaron la nueva redacción en tiempo récord.
- Hacienda: Fiscalización de los estudios económicos y antecedentes utilizados para la nueva aprobación.
- Secretaría General Técnica: Acceso a todas las versiones sucesivas y firmas electrónicas de los documentos.
El encaje penal del fraude de ley constitucional
El escrito de denuncia admite que el fraude constitucional no es un tipo penal autónomo por sí mismo. No obstante, argumenta que cualquier responsabilidad penal derivada debe acreditarse analizando si la conducta del Gobierno se ajusta a tipos delictivos ya existentes. Para ello, resulta fundamental una comparativa técnica artículo por artículo entre los textos rechazados el 2 de octubre y los aprobados el 6 del mismo mes.
La estrategia de Alvise Pérez busca determinar si las modificaciones e incorporaciones citadas por el Gobierno son sustanciales o si son meros retoques cosméticos diseñados para «burlar» la voluntad del Parlamento. De confirmarse la ausencia de justificación técnica para el cambio en apenas 96 horas, la causa podría derivar en un análisis sobre la prevaricación administrativa en la fase preparatoria de la norma.
Implicaciones para el equilibrio de poderes
Este movimiento judicial pone de relieve la creciente tensión entre el Poder Ejecutivo y los mecanismos de control legislativo. La petición de conservar la documentación electrónica íntegra busca evitar la pérdida de versiones o la alteración de fechas de creación en los servidores públicos, algo que SALF considera vital para esclarecer si hubo una resolución administrativa separable que pudiera ser objeto de reproche penal.
En conclusión, el Tribunal Supremo deberá decidir si existen indicios suficientes para abrir una investigación sobre cómo se gestaron unos decretos que, a pesar de la oposición del Congreso, volvieron a la mesa del Consejo de Ministros en un tiempo récord, poniendo a prueba los límites de la potestad normativa del Gobierno en un contexto de fragmentación política.