El Supremo intensifica la presión judicial sobre Alvise Pérez
La situación jurídica del eurodiputado Alvise Pérez continúa complicándose en las altas instancias del sistema judicial español. El Tribunal Supremo ha formalizado una nueva petición al Parlamento Europeo para retirar la inmunidad parlamentaria del líder de Se Acabó la Fiesta (SALF). En esta ocasión, la medida busca permitir que avance la investigación por un presunto delito de coacciones y amenazas dirigido contra José Ignacio Landaluce, actual regidor de Algeciras.
Este movimiento supone el cuarto suplicatorio que el Alto Tribunal tramita ante la Eurocámara. La estrategia del magistrado instructor, Antonio del Moral, se fundamenta en la necesidad de que el político responda por las publicaciones realizadas en sus canales de difusión digital, donde presuntamente utilizó información comprometedora para presionar a cargos públicos.
Telegram como escenario del presunto delito de coacciones
El núcleo de esta querella se centra en la actividad de Pérez en la plataforma Telegram. Según los indicios recabados por la justicia, el investigado habría utilizado su canal público para lanzar una suerte de ultimátum al alcalde de Algeciras. La acusación sostiene que el eurodiputado exigió la dimisión de Landaluce bajo la advertencia de difundir contenidos que supuestamente vinculaban al primer edil con comportamientos ilícitos, que oscilaban desde irregularidades administrativas hasta delitos de índole sexual.
Desde el punto de vista jurídico, estos hechos podrían encajar en el artículo 172.1 del Código Penal, referido a las coacciones, o de manera alternativa, en el artículo 169.1, que castiga las amenazas condicionales. El instructor considera que existen fundamentos sólidos para que Pérez pierda su blindaje europeo y se someta al proceso de instrucción penal ordinario.
Un mapa judicial con seis frentes abiertos
El caso de Algeciras es solo una pieza dentro de un complejo rompecabezas procesal. Actualmente, el europarlamentario acumula seis causas abiertas en el Tribunal Supremo, lo que refleja un nivel de litigiosidad inusual para un representante electo. El estado de estas causas varía según la gravedad y el avance del suplicatorio:
- Financiación irregular: Una de las investigaciones más mediáticas que rastrea el origen de los fondos de su formación política y posibles delitos electorales.
- Revelación de secretos: Enfrentamientos judiciales con otros miembros de su propia lista electoral por la difusión de datos privados.
- Delitos de odio: Mensajes dirigidos contra la fiscal delegada de delitos de odio en Valencia.
- Falsedad documental: La presunta difusión de una prueba diagnóstica falsa de COVID-19 relacionada con Salvador Illa.
- Desórdenes públicos: Su presunta implicación en la instigación de protestas agrícolas no autorizadas en la capital.
El futuro de la inmunidad en la Eurocámara
La resolución de este nuevo suplicatorio marcará un precedente importante sobre cómo el Parlamento Europeo gestiona las denuncias por actividades realizadas en redes sociales por parte de sus miembros. Hasta la fecha, la Eurocámara ya ha accedido a retirar la protección a Pérez en dos de las causas anteriores, lo que sugiere una tendencia a facilitar la acción de la justicia española cuando los hechos investigados son ajenos a la actividad política estrictamente parlamentaria.
Con este panorama, la estrategia legal de Alvise Pérez se enfrenta a un desgaste constante, mientras el Tribunal Supremo reafirma su intención de depurar responsabilidades sobre todas las querellas admitidas a trámite, independientemente del cargo público que ostente el investigado.