Lo que comenzó como una fractura política interna ha escalado hasta los tribunales de Cartagena. José Ángel Antelo, quien fuera la cara visible de Vox en la Región de Murcia, ha ratificado una denuncia que pone en jaque la operativa administrativa del partido. El núcleo del conflicto reside en una presunta falsificación de firma y usurpación de identidad, maniobras que habrían sido utilizadas para forzar su salida de la portavocía parlamentaria sin su consentimiento expreso.
El laberinto judicial de la ‘autofirma’ de cese
El escenario planteado por Antelo resulta casi inverosímil en términos administrativos: se presentó un documento oficial donde él mismo, supuestamente, solicitaba ser relevado de sus funciones. Para el actual portavoz del Grupo Mixto, este acto no es solo una irregularidad burocrática, sino un delito de falsedad documental que califica de «gravedad extrema». La tesis del denunciante es clara: se utilizó su rúbrica digital para simular una voluntad que nunca existió.
La anomalía fue detectada originalmente por los servicios jurídicos de la Asamblea Regional. Fue la propia letrada de la cámara quien, al revisar la documentación que pretendía encumbrar a Rubén Martínez Alpañez en sustitución de Antelo, frenó el procedimiento. El informe técnico concluyó que el escrito carecía de las garantías formales necesarias y que no había constancia de que el titular del certificado digital hubiera redactado o autorizado dicho trámite.
Responsabilidades políticas y órdenes superiores
Antelo ha sido tajante al desvincular a los estratos administrativos más bajos de la autoría intelectual de los hechos. Según sus declaraciones, los trabajadores que pudieron intervenir en la gestión técnica del documento simplemente «cumplen órdenes». El foco de la denuncia apunta hacia la dirección nacional de Vox, sugiriendo que existe una estructura de mando que autoriza este tipo de prácticas para mantener un control férreo sobre sus representantes regionales.
- Usurpación de identidad: El uso ilegítimo de credenciales digitales para actos administrativos.
- Falta de democracia interna: Críticas a métodos que Antelo compara con las dinámicas más opacas del adversario político.
- Depuración de responsabilidades: Exigencia de identificar a quienes dieron las instrucciones, más allá de quienes las ejecutaron.
Un patrón de comportamiento bajo sospecha
La situación en Murcia no parece ser un evento aislado si se analizan otros testimonios surgidos desde el seno de la formación. El caso guarda paralelismos directos con las quejas manifestadas por la diputada Lourdes Méndez Monasterio. En comunicaciones privadas que han trascendido, Méndez también denunciaba la utilización de su firma por parte de asesores para gestionar notificaciones del Congreso sin su supervisión directa.
Este hilo conductor sugiere una posible metodología de gestión interna basada en la centralización absoluta del control, donde la autonomía del cargo electo queda supeditada a las necesidades de la cúpula. La ratificación de la denuncia de Antelo abre ahora una vía de investigación que determinará si estas acciones fueron errores procedimentales o una estrategia deliberada para purgar disidencias mediante la manipulación de documentos públicos.
Consecuencias para la estabilidad del Grupo Mixto
La crisis institucional en Murcia deja a Vox en una posición vulnerable dentro de la Asamblea. La resistencia de Antelo a aceptar un cese que considera ilegal ha forzado una reconfiguración del mapa parlamentario regional. Mientras la justicia dirime si hubo delito penal, la política murciana observa cómo la desconfianza mutua entre antiguos aliados termina por judicializar la vida diaria de la institución legislativa, sentando un precedente peligroso sobre la custodia de las identidades digitales de los servidores públicos.