La transparencia en la gestión de las infraestructuras públicas en Navarra ha vuelto al centro del debate parlamentario. Durante su reciente comparecencia, Edurne Eguinoa, responsable de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), ha puesto de manifiesto una serie de deficiencias estructurales en el proceso de adjudicación de los túneles de Belate. Según el análisis de la entidad, el procedimiento no solo careció de las garantías mínimas de objetividad, sino que el diseño mismo de la mesa de contratación permitía la manipulación de resultados técnicos.
El bloqueo de la deliberación: un órgano colegiado sin debate
Uno de los puntos más críticos señalados por la fiscalización de la OANA es la ausencia de reuniones presenciales. Para Eguinoa, el hecho de que el presidente de la mesa, Jesús Polo, se negara sistemáticamente a convocar sesiones físicas supone una vulneración de la naturaleza misma de los órganos colegiados. La deliberación no es un trámite opcional, sino un requisito esencial para resolver discrepancias técnicas en proyectos de gran envergadura.
La falta de interacción directa entre los técnicos generó un ambiente de tensión que, según testimonios recogidos por la oficina, impidió subsanar diferencias de criterio que habrían sido fáciles de resolver cara a cara. Esta opacidad en el intercambio de opiniones es, para el organismo anticorrupción, una de las causas principales de la irregularidad administrativa observada.
Dudas sobre la imparcialidad en el sistema de puntuación
El núcleo del conflicto reside en la mecánica utilizada para otorgar los puntos a las empresas licitadoras. El informe de la OANA subraya que el sistema permitía que un miembro de la mesa conociera las calificaciones del resto de técnicos antes de emitir la suya propia. Esta brecha de seguridad ética compromete la imparcialidad del proceso, ya que ofrece la posibilidad técnica de ajustar los votos para favorecer o perjudicar a determinados participantes.
- Riesgo estructural: No es necesario demostrar que hubo una alteración del voto; la mera posibilidad de que ocurriera invalida la limpieza del proceso.
- Falta de pruebas: Aunque la defensa del presidente de la mesa sostiene que no votó en último lugar, la OANA recuerda que no se ha aportado documentación fehaciente que acredite el orden cronológico de las puntuaciones tras dos años de proceso.
- Vulnerabilidad técnica: El sistema de envío de puntuaciones directamente al presidente, quien también actuaba como evaluador, rompe cualquier protocolo de blindaje de datos.
Nulidad administrativa y el dilema del interés general
A pesar de que la OANA considera que la adjudicación es nula de pleno derecho, la realidad sobre el terreno obliga a una solución pragmática. Eguinoa ha reconocido que detener la maquinaria en este punto de la ejecución sería un «desastre» logístico y económico para la Comunidad Foral. Por tanto, las obras deben completarse para no perjudicar el interés público, a pesar de que su origen legal esté viciado por el incumplimiento de la ley de contratos.
Esta contradicción pone de relieve la importancia de los controles preventivos. La directora enfatizó que su informe ha servido para identificar y frenar dinámicas irregulares que, de no haberse detectado, podrían haberse replicado en futuros concursos de obra pública.
Coordinación institucional y otros frentes abiertos
La comparecencia también sirvió para aclarar que el trabajo de la OANA y la Cámara de Comptos no es contradictorio, sino complementario. Mientras que la Cámara se centra en la fiscalización contable, la oficina anticorrupción analiza el funcionamiento interno y la ética de los procesos de decisión. Este enfoque integral es lo que ha permitido destapar irregularidades administrativas, aunque Eguinoa ha sido tajante al confirmar que, hasta la fecha, no se han encontrado evidencias de comisiones ilegales o «mordidas».
Finalmente, se abordaron otros expedientes como el del antiguo Archivo de Navarra. En este caso, la OANA justificó la denegación de prórrogas a la constructora debido a la lentitud de los trabajos y a la falta de personal suficiente en el tajo, descartando que los condicionantes externos fueran motivo suficiente para ampliar los plazos. Con todo ello, la Oficina de Buenas Prácticas reafirma su papel como vigilante de la ética pública en Navarra, advirtiendo que la acumulación de nuevos datos durante la comisión de investigación podría dar lugar a informes adicionales aún más exhaustivos.