La sombra de la sospecha se cierne sobre los procesos de adjudicación pública en el País Vasco tras las recientes revelaciones de la Unidad Central Operativa (UCO). Un exhaustivo informe sobre el patrimonio del dirigente socialista Santos Cerdán ha sacado a la luz un entramado de pagos que vinculan directamente a la empresa Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, con la construcción del centro penitenciario de Zubieta, en San Sebastián.
El flujo financiero bajo la lupa de la UCO
Según los datos recabados por los investigadores, Antxon Alonso habría percibido un total de 181.482,74 euros a través de su sociedad. Estos ingresos no llegaron de forma directa desde la administración, sino que fueron canalizados mediante Cycasa, una de las constructoras que integraba la Unión Temporal de Empresas (UTE) encargada de levantar la prisión donostiarra. El desglose de estos cobros revela una actividad económica constante durante el desarrollo de la obra:
- 2021: Un ingreso inicial de 30.248 euros coincidiendo con el arranque del proyecto.
- 2022: El año de mayor actividad, con un cobro de 131.078 euros.
- 2023: Una última partida de 20.165 euros antes de la finalización de los trabajos.
La relevancia de estos pagos reside en la sospecha de la Guardia Civil sobre la composición real de los beneficios de la obra. Los informes sugieren que Santos Cerdán podría haber mantenido una condición de socio oculto en Servinabar, lo que situaría estos movimientos financieros en un plano de posible tráfico de influencias.
Información privilegiada y cronología de una licitación
El análisis de las comunicaciones intervenidas por la UCO permite reconstruir una cronología que pone en duda la transparencia del concurso público. Dos años antes de que la licitación de la cárcel de Zubieta se hiciera oficial, Alonso ya movía hilos en el sector privado. En octubre de 2018, el empresario remitió alertas a directivos de Acciona sobre el futuro proyecto penitenciario, adelantándose a los plazos administrativos habituales.
Cuando el proceso de licitación se publicó finalmente en noviembre de 2020 con un presupuesto base de 43,7 millones de euros, la maquinaria de influencias ya estaba a pleno rendimiento. Apenas cinco días después del anuncio oficial, Alonso mantenía contactos con la presidencia de Sumelzo S.A., indicando el interés de «un amigo» en la adjudicación de los trabajos.
El reparto de porcentajes: Participaciones bajo sospecha
Uno de los hallazgos más determinantes de la investigación se encuentra en el correo electrónico recibido por Alonso en diciembre de 2020. En dicho mensaje, la empresa Cycasa adjuntaba el contrato de constitución de la UTE junto a Acciona y Construcciones Murias. Sin embargo, la comunicación posterior entre Alonso y Juan Sumelzo desvelaba un reparto interno diferente al oficial.
Mientras que de cara a la administración la UTE se dividía entre Acciona (50%), Murias (25%) y Cycasa (25%), las conversaciones privadas apuntaban a que un 10% de la participación correspondía realmente a Alonso y su entorno. Esta «cuota oculta» explicaría el flujo de capitales que posteriormente recibiría Servinabar bajo conceptos que la UCO ahora investiga con detalle.
Implicaciones políticas de la cárcel de Zubieta
La inauguración de la cárcel el pasado mes de junio, con la presencia de altas autoridades como el ministro Fernando Grande-Marlaska y el lehendakari Imanol Pradales, marcó el fin de la obra civil pero el inicio de un complejo escenario judicial. La vinculación de estas operaciones con el entorno de Santos Cerdán sitúa el caso en el epicentro del debate político sobre la corrupción en la contratación de infraestructuras críticas.
El informe de la UCO no solo cuestiona la legitimidad de los 181.000 euros cobrados, sino que abre la puerta a un análisis más profundo sobre cómo las redes de contactos y la información anticipada pueden viciar los grandes contratos del Estado. La investigación patrimonial continúa activa, buscando determinar si el rastro del dinero confirma la tesis de la Guardia Civil sobre la participación societaria del dirigente socialista en las empresas beneficiadas.