El Tribunal de Cuentas avala la gestión económica de la sanidad madrileña
La justicia contable ha emitido un fallo determinante que despeja las dudas sobre la relación financiera entre la Comunidad de Madrid y los grupos hospitalarios privados. El Tribunal de Cuentas (TCu) ha decidido archivar definitivamente la denuncia presentada contra el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que versaba sobre un presunto trato de favor económico hacia las concesionarias Quirón y Ribera Salud. Con esta resolución, el órgano fiscalizador valida el mecanismo de compensación entre centros públicos y privados derivado de la libre elección de hospital por parte de los madrileños.
La controversia, impulsada originalmente por la oposición política, se centraba en la gestión de una supuesta deuda de 71 millones de euros. Según el auto judicial, no existen indicios de que la Administración regional haya renunciado a fondos públicos de manera irregular. Por el contrario, el tribunal sostiene que el flujo de facturación entre los hospitales de gestión directa y los centros de concesión responde a la dinámica asistencial propia del sistema madrileño, donde el paciente decide dónde ser atendido.
Ausencia de perjuicio patrimonial y argumentos de la Fiscalía
Uno de los pilares que ha sostenido el archivo de la causa ha sido el informe previo de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. El Ministerio Público fue contundente al señalar que no se ha podido probar ningún daño real a los fondos públicos. La acusación se basaba en la premisa de que la atención de pacientes en la red pública, cuando estos procedían originalmente de centros concertados, no estaba siendo reclamada correctamente, lo que supondría un perjuicio patrimonial.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha subrayado las carencias técnicas de la denuncia presentada en febrero. Entre los puntos más críticos del auto destacan:
- La falta de concreción en los actos de gestión que supuestamente habrían vulnerado la ley.
- La ausencia de mención a normas específicas infringidas dentro del marco de la responsabilidad contable.
- El uso de alegaciones genéricas sobre la supervisión y el control, sin aportar pruebas de menoscabo económico efectivo.
Defensa del sistema de libre elección hospitalaria
Desde la Comunidad de Madrid han recibido la noticia como una ratificación de su política sanitaria. El Gobierno regional sostiene que el sistema de facturación es una herramienta transparente que garantiza que el presupuesto siga al paciente. Al ejercer el derecho de libre elección de centro sanitario, los ciudadanos generan necesidades de facturación intercentros que, según el tribunal, se han gestionado bajo la estricta legalidad vigente.
El fallo judicial concluye que la administración no ha dejado de percibir ninguna cuantía que le correspondiera reclamar por derecho. De este modo, se descarta la tesis de que existiera una «condonación encubierta» de deudas a las empresas privadas. El cierre de este expediente supone un alivio para la gestión de Isabel Díaz Ayuso, al desvincular su política de derivaciones hospitalarias de cualquier sombra de irregularidad contable o mala praxis financiera.
En última instancia, el archivo de la causa pone de manifiesto que las discrepancias en el modelo de gestión sanitaria, aunque puedan ser objeto de debate político en la Asamblea, no constituyen automáticamente una infracción económica si no se demuestra un impacto negativo real en las arcas de la Comunidad. La resolución pone fin a meses de incertidumbre sobre el control presupuestario en uno de los pilares más sensibles de la administración regional.