La gestión de los recursos públicos en la Comunidad de Madrid vuelve a estar bajo el escrutinio legal. Esta vez, el foco se centra en una operación inmobiliaria de alto standing que, según la formación Más Madrid, podría haber supuesto un menoscabo real para las arcas de la región. La formación liderada por Manuela Bergerot ha elevado al Tribunal de Cuentas una acción pública para que se depuren responsabilidades contables tras la adquisición de un ático de lujo por valor de 6,3 millones de euros.
Un agujero financiero tras una operación exprés
El núcleo de la denuncia reside en la aparente falta de rentabilidad y eficiencia de la compra realizada por Planifica Madrid, la empresa pública encargada de la gestión del suelo y patrimonio regional. El inmueble, un ático de 485 metros cuadrados ubicado en el Paseo del General Martínez Campos, fue adquirido en abril de 2026 con la justificación de servir como sede temporal para la Presidencia de la Comunidad durante las obras de la Real Casa de Correos.
Sin embargo, el análisis financiero presentado ante el tribunal sugiere que la operación no ha sido inocua para el erario. Sumando el precio de compra, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (calculado en unos 378.000 euros), gastos de notaría, gestoría y mantenimiento mensual, el coste real de adquisición supera los 6,68 millones de euros. Dado que el Gobierno regional ya ha anunciado su intención de vender el inmueble por 6,7 millones, la formación estima que, tras descontar comisiones de intermediación y gastos de enajenación, la pérdida neta para la Comunidad de Madrid rondaría los 364.500 euros.
Incoherencias administrativas y dudas sobre el uso del inmueble
Más Madrid no solo cuestiona los números, sino también la legalidad y la idoneidad técnica del proceso. Uno de los puntos más críticos señalados es la discrepancia entre el uso declarado y la realidad registral del ático. Mientras la Comunidad defendía su uso administrativo, los datos del catastro señalan que el inmueble tiene un uso principal residencial. Esta contradicción plantea serias dudas sobre si el espacio estaba realmente habilitado para acoger oficinas gubernamentales desde el primer momento.
Además, el escrito presentado ante el órgano fiscalizador subraya la ausencia de informes que avalen por qué se optó por la compra directa de un bien de estas características en lugar de recurrir al alquiler o al aprovechamiento de otras dependencias públicas infrautilizadas. El hecho de que el ático ni siquiera llegara a utilizarse para su fin declarado antes de ser puesto de nuevo a la venta refuerza, según la denuncia, la tesis de una gestión negligente de los fondos públicos.
Requerimientos al Tribunal de Cuentas y posibles implicados
La formación ha solicitado que el procedimiento se tramite por la vía de urgencia para evitar que la venta inminente del inmueble dificulte la investigación. Entre las peticiones al Tribunal de Cuentas destacan:
- Acceso al expediente completo de la compra, incluyendo tasaciones y estudios de alternativas.
- Documentación sobre las negociaciones y posibles comisiones de intermediación inmobiliaria.
- Informes jurídicos y técnicos que justificaron la idoneidad del ático para uso administrativo.
- Identificación de los miembros del Consejo de Administración de Planifica Madrid que validaron la operación.
Aunque la denuncia menciona a figuras de alto nivel como el consejero de Presidencia, Miguel Ángel García Martín, y a la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso, Más Madrid matiza que la responsabilidad debe ser determinada por la intervención efectiva en el proceso y no meramente por el cargo ocupado. El objetivo final es esclarecer si se actuó con la diligencia debida o si, por el contrario, se priorizó una operación inmobiliaria sin una necesidad pública real acreditada.
Hacia una fiscalización estricta del patrimonio público
Este caso pone de manifiesto la creciente vigilancia sobre las empresas públicas que, como Planifica Madrid, gestionan presupuestos millonarios fuera del foco mediático directo. La acción pública emprendida busca que el Tribunal de Cuentas actúe como un muro de contención frente a operaciones que puedan comprometer la sostenibilidad financiera de la región bajo el pretexto de necesidades logísticas temporales. La resolución de este caso marcará un precedente sobre cómo se deben justificar y ejecutar las inversiones inmobiliarias en el sector público madrileño.