La estrategia de defensa de Koldo García, antiguo asesor vinculado al Ministerio de Transportes, ha chocado frontalmente con la determinación de la justicia española. En una resolución reciente, el magistrado Ismael Moreno ha blindado la continuidad del proceso judicial, desestimando la petición de archivo y reafirmando que existen indicios suficientes para proseguir con las pesquisas sobre la presunta trama de comisiones en contratos sanitarios durante la crisis del COVID-19.
El argumento de la duplicidad judicial rechazado por la Audiencia
El núcleo de la disputa legal residía en un intento de la defensa por invocar el principio de non bis in idem. Según los representantes legales de García, los hechos investigados ya habrían sido objeto de análisis por parte del Tribunal Supremo, lo que, en teoría, debería haber inhabilitado esta nueva vía de instrucción. Sin embargo, el juez Moreno ha sido taxativo al diferenciar ambos escenarios procesales.
La clave de esta negativa judicial se encuentra en el alcance geográfico y administrativo de los contratos bajo sospecha. Mientras que procesos anteriores omitieron detalles específicos, la actual causa en la Audiencia Nacional pone el foco sobre:
- Los contratos de suministro adjudicados por el Servicio de Salud de las Islas Baleares.
- Las licitaciones tramitadas bajo la administración de la comunidad de Canarias.
- La posible red de influencias que facilitó el acceso a estos fondos públicos de forma preferente.
Garantías procesales y el calendario de declaraciones
A pesar de los intentos por suspender la actividad judicial, el magistrado ha decidido mantener la declaración de Koldo García programada para este jueves. Esta decisión busca evitar cualquier escenario de indefensión material y asegurar que la instrucción avance con la celeridad que demanda un caso de alta relevancia pública. El juez sostiene que la comparecencia es una herramienta esencial para que el investigado ejerza su derecho de defensa frente a las nuevas evidencias aportadas por la UCO de la Guardia Civil.
Por otro lado, la agenda del juzgado ha sufrido ligeras modificaciones respecto a otros actores clave. El presunto comisionista Víctor de Aldama, cuya figura es central para entender la conexión entre las empresas proveedoras y los estamentos oficiales, verá su declaración postergada hasta finales de mayo. Este aplazamiento responde a la necesidad de analizar en profundidad los últimos informes policiales que vinculan la trama con las ramificaciones en las islas.
Un análisis sobre el impacto de la instrucción
El mantenimiento de esta causa supone un revés significativo para quienes buscaban un cierre rápido del expediente. Al centrar la mirada en las adjudicaciones autonómicas, la Audiencia Nacional abre un nuevo frente que trasciende la gestión centralizada del ministerio, analizando cómo la estructura de la presunta red corrupta se ramificó por diversos niveles de la administración pública.
Este escenario judicial no solo pone a prueba la solidez de las pruebas recabadas por la Guardia Civil, sino que también mantiene la presión sobre el entorno político que rodeó a García durante su etapa activa en el Gobierno. La resolución del juez Moreno subraya que la investigación está lejos de agotarse, priorizando el esclarecimiento del destino de los fondos públicos sobre los tecnicismos procesales presentados por la defensa.