La Generalitat de Cataluña ha decidido dar un golpe de timón en la gestión de sus políticas de protección, buscando consolidar un sistema social sólido comparable a los pilares de la salud o la educación. El presidente Salvador Illa ha situado la equiparación salarial y la estabilidad presupuestaria como los ejes centrales de una legislatura que pretende revertir definitivamente la precariedad heredada de épocas de austeridad.
Un blindaje presupuestario sin precedentes para el Tercer Sector
El núcleo de esta transformación reside en una inyección de recursos financieros que duplica las cifras de hace una década. Con una partida de 4.248 millones de euros, los nuevos presupuestos representan un incremento del 28% respecto al ejercicio de 2023. Esta cifra no es solo un dato estadístico; supone el fin de una «lenta recuperación» tras los mínimos históricos de 2013, cuando la inversión apenas superaba los 2.000 millones.
Este aumento de recursos busca responder a las tensiones que enfrentan las clases medias y trabajadoras ante el encarecimiento de la vida y el envejecimiento demográfico. La estrategia del Govern es clara: el sistema debe ser proactivo, llegando a los ciudadanos antes de que estos se vean obligados a solicitar auxilio de manera desesperada.
Equidad retributiva: Justicia para los servicios externalizados
Uno de los anuncios más significativos de la reciente cumbre del Plan de apoyo del Tercer Sector ha sido el compromiso de extender las mejoras salariales a todos los profesionales de servicios externalizados. Tras el acuerdo alcanzado en mayo para los centros de gestión directa, el Govern se compromete ahora a nivelar las condiciones de quienes operan bajo modelos de gestión indirecta.
- Dignificación profesional: El objetivo es alcanzar a los más de 120.000 trabajadores que sostienen la red asistencial en Cataluña.
- Equivalencia de condiciones: Se busca que un profesional de servicios externos perciba la misma remuneración que su homólogo en la administración pública.
- Transversalidad ministerial: La medida no solo afectará a Derechos Sociales, sino que se extenderá a departamentos como el de Igualdad y Feminismo.
De la subvención puntual a la concertación estable
El cambio de paradigma también afecta a la forma en que el Govern se relaciona con las entidades sociales. La consejera Mònica Martínez Bravo ha subrayado la necesidad de transitar desde un modelo basado en subvenciones —a menudo marcadas por la incertidumbre y la burocracia— hacia una financiación plurianual mediante conciertos.
Este nuevo marco legal dotará al sector de una previsibilidad financiera esencial para garantizar la calidad del servicio. Entre los objetivos inmediatos se encuentra la agilización de los pagos y la creación de un sistema de cartera de servicios que simplifique la estructura de costes y garantice que las entidades puedan centrarse en la intervención social y no en la supervivencia administrativa.
Simbolismo y diálogo civil en el nuevo horizonte social
Más allá de las cifras, el Ejecutivo catalán busca un reconocimiento institucional profundo del Tercer Sector Social. Como gesto simbólico de este compromiso, se ha decretado que el 28 de mayo sea reconocido oficialmente como el día conmemorativo de este sector. Además, la creación del Consejo de Diálogo Civil de Cataluña institucionalizará la interlocución entre las entidades y el Govern, sustituyendo las cumbres temporales por un órgano de debate permanente.
En un contexto global marcado por discursos polarizados, Illa ha defendido el «humanismo social» como el antídoto contra la exclusión. La meta final es erigir un estado del bienestar blindado, capaz de resistir vaivenes políticos y de ofrecer una red de seguridad universal ante retos críticos como la pobreza infantil o el elevado coste de la vivienda, asegurando que nadie quede atrás en la Cataluña de la próxima década.
