¿Gesto político o trámite burocrático? La sombra de EH Bildu
La estabilidad parlamentaria del Ejecutivo actual vuelve a estar bajo el microscopio tras las recientes demandas de las asociaciones de víctimas. La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha formalizado una petición de transparencia dirigida directamente al Palacio de la Moncloa. El núcleo de la controversia reside en determinar si la posible exclusión de ETA de la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea responde a criterios puramente técnicos o si, por el contrario, representa una «moneda de cambio» política para asegurar el apoyo de EH Bildu.
Esta inquietud no nace del vacío. A través de misivas enviadas a Pedro Sánchez y al ministro José Manuel Albares, el colectivo de víctimas cuestiona la ética detrás de los movimientos diplomáticos. Aunque se admite que la banda, disuelta en 2018, podría no cumplir hoy con los requisitos estrictos para figurar en dicho listado, la AVT subraya que cualquier paso en esta dirección sin una explicación clara supone un agravio moral para quienes sufrieron el terrorismo en España.
El precedente estadounidense y la vigencia del estigma terrorista
Para contextualizar la situación, es necesario mirar hacia el año 2022, cuando Estados Unidos decidió retirar a ETA de su propio registro de grupos terroristas. En aquel momento, la diplomacia norteamericana calificó el movimiento como un mero formalismo administrativo carente de efectos legales sustanciales. No obstante, para las víctimas españolas, lo que en Washington es un «trámite», en Madrid se interpreta como un símbolo de la memoria histórica y la justicia.
La preocupación de la AVT es que un hecho con nula relevancia jurídica sea utilizado como un «gesto ético» en las negociaciones de pasillo. A pesar de que la organización ya no opera, el estatus de banda terrorista permanece vinculado a una historia de casi 900 asesinatos y miles de heridos que aún no han recibido una reparación completa.
Dignidad y Justicia: El peso de los 376 crímenes impunes
Por otro lado, la asociación Dignidad y Justicia ha adoptado una postura considerablemente más beligerante. Su crítica no se limita a la gestión administrativa, sino que acusa directamente al Presidente del Gobierno de priorizar la permanencia en el poder sobre la dignidad de las víctimas. El argumento central de este colectivo es demoledor: la banda no puede desaparecer de ningún listado oficial mientras existan 376 asesinatos sin resolver.
- La falta de colaboración de los antiguos integrantes de la banda para esclarecer atentados.
- El riesgo de que la normalización institucional de su entorno diluya la responsabilidad penal.
- La percepción de que los apoyos parlamentarios se obtienen a costa de concesiones morales.
En definitiva, la demanda de estas asociaciones pone el foco en la deuda pendiente con la justicia. Mientras el Gobierno mantiene el silencio sobre si impulsará o no esta renovación en la Unión Europea, el debate social se desplaza desde la legalidad hacia la integridad de las instituciones frente a la sombra de un pasado violento que aún no ha cerrado todas sus heridas.