La incorporación de tres figuras históricas del Partido Popular a las instituciones consultivas de la región ha desatado una nueva tormenta política en la Comunidad de Madrid. El ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha formalizado el nombramiento de los expresidentes Esperanza Aguirre, Alberto Ruiz-Gallardón y Cristina Cifuentes como miembros de la Comisión Jurídica Asesora, un movimiento que la oposición socialista interpreta como una maniobra de blindaje político financiada con dinero público.
Un retiro consultivo bajo la lupa del PSOE-M
Desde el PSOE de Madrid, la reacción ha sido de rechazo absoluto. Pilar Sánchez Acera, secretaria de Organización de los socialistas madrileños, ha sido tajante al calificar estos nombramientos como una estrategia para comprar voluntades. Según la dirigente, esta designación no busca la excelencia jurídica, sino asegurar que los exmandatarios respalden la gestión de Ayuso en frentes sensibles, especialmente en lo relacionado con la compra del ático en Chamberí por parte de Planifica Madrid.
La formación socialista sostiene que esta «paguita», como la han denominado en redes sociales, es una compensación encubierta tras la desaparición del antiguo Consejo Consultivo. Para el PSOE-M, resulta éticamente cuestionable que se utilice la Comisión Jurídica Asesora —un órgano encargado de emitir dictámenes sobre asuntos de especial relevancia— para acomodar a figuras que ya ostentaron el máximo poder regional.
Las dietas: ¿Cuánto costará esta asesoría a los madrileños?
El aspecto económico es uno de los puntos más controvertidos de esta reorganización institucional. Basándose en datos publicados, se estima que los nuevos vocales percibirán compensaciones económicas significativas por su labor consultiva:
- Cada expresidente recibirá una dieta de 750 euros por cada sesión a la que asista efectivamente.
- Tomando como referencia la actividad de 2025, donde se celebraron 45 reuniones, el ingreso anual podría alcanzar los 33.750 euros por persona.
- Desde la Consejería de Presidencia matizan que no es un sueldo fijo, sino una cuantía supeditada a la asistencia real y a las condiciones regulatorias.
Esta estructura de pagos ha sido duramente criticada por el socialismo madrileño, que considera un agravio que se utilicen los presupuestos regionales para sostener lo que consideran una red de apoyo político a la actual presidenta frente a sus polémicas por «viajes opacos» y operaciones inmobiliarias.
El encaje legal: El Estatuto de Expresidentes
Para el Gobierno de Sol, estos nombramientos no son arbitrarios, sino que responden al cumplimiento del Estatuto de Expresidentes de la Comunidad de Madrid. Esta normativa, actualizada recientemente, busca equiparar a los antiguos dirigentes madrileños con sus homólogos estatales y de otras autonomías, permitiéndoles aportar su experiencia en órganos consultivos tras haber servido al menos dos años en el cargo.
Es relevante destacar que, mientras Aguirre, Gallardón y Cifuentes se incorporan a este órgano, otros nombres propios como el de Joaquín Leguina han quedado fuera de este movimiento al estar ya integrados en otras instituciones como la Cámara de Cuentas. La Comisión Jurídica Asesora, aunque sus dictámenes no son vinculantes, ejerce como una autoridad moral y técnica de gran peso en la administración autonómica.
Implicaciones políticas de un dictamen consultivo
Más allá de los nombres propios, el debate se centra en la independencia de los órganos que deben vigilar la legalidad de los actos administrativos. El hecho de que la Comunidad de Madrid rescate a figuras con un marcado perfil partidista para evaluar expedientes de «especial relevancia jurídica» genera dudas sobre la objetividad de los procesos futuros.
En conclusión, el nombramiento de los expresidentes populares reabre la brecha entre la gestión de Isabel Díaz Ayuso y la oposición, en un escenario donde el uso de las instituciones públicas como soporte político vuelve a estar en el centro de la controversia madrileña. Lo que para unos es aprovechamiento de la experiencia institucional, para otros es un uso partidista de la hacienda pública.