La comparecencia de Manuel Contreras Caro, máximo responsable del grupo constructor Azvi, ha arrojado nueva luz sobre las ramificaciones del denominado caso Ábalos. Durante su declaración en el Tribunal Supremo, el empresario ha admitido la contratación de Koldo García, exasesor ministerial, con un objetivo específico: la prospección de mercados en Sudamérica. Este movimiento empresarial, realizado en la recta final de 2023, se tradujo en un desembolso inicial de 25.000 euros destinados, según la versión de Contreras, a sufragar gastos logísticos y desplazamientos aéreos.
Un fichaje internacional sin currículum previo
Uno de los puntos más llamativos del testimonio de Contreras ha sido la justificación del fichaje. A pesar de la envergadura de una compañía como Azvi, el presidente reconoció que no consideró necesario revisar la trayectoria profesional o el currículum de García para encomendarle la búsqueda de proyectos estratégicos en el extranjero. La confianza se basó, supuestamente, en la capacidad de interlocución y los contactos que el exasesor demostró poseer en territorio sudamericano tras sus años en la esfera pública.
El vínculo contractual, que se extendió por un periodo de tres meses, comenzó apenas unas semanas antes de que estallara el escándalo judicial. Contreras sostiene que el primer pago de 25.000 euros fue un adelanto necesario para que Koldo García pudiera iniciar su labor de localización de negocios que «aún no estuvieran en el mercado». Sin embargo, esta relación profesional está siendo minuciosamente analizada por la UCO de la Guardia Civil, que sospecha de un posible trasfondo relacionado con el cobro de comisiones ilícitas.
La sombra de las adjudicaciones y las agendas de la UCO
La investigación no solo se centra en el contrato de asesoría de 2023, sino que retrocede en el tiempo para examinar la relación previa entre la constructora y el entorno del Ministerio de Transportes. Según las pesquisas, existen registros en las agendas de Koldo García que sitúan reuniones con representantes de Azvi en fechas críticas, concretamente antes de la licitación de importantes tramos ferroviarios y obras públicas.
- Reuniones estratégicas: Encuentros fechados en febrero de 2021 que coinciden con procesos de licitación de infraestructuras clave.
- Adjudicaciones bajo sospecha: Proyectos como el tramo de Adamuz, otorgados a consorcios donde participaba la empresa de Contreras.
- Implicación de altos cargos: La investigación alcanza a figuras como Isabel Pardo de Vera (exADIF) por presunta manipulación de concursos públicos.
El foco judicial intenta determinar si estos pagos recientes son, en realidad, una contraprestación diferida por favores realizados durante la etapa de José Luis Ábalos al frente del ministerio, un esquema que la Guardia Civil ha detectado en otras operativas de la trama.
Ramificaciones en Sanidad: El testimonio de Víctor Francos
La jornada en el Supremo también contó con la declaración de Víctor Francos, quien fuera mano derecha de Salvador Illa en el Ministerio de Sanidad durante la pandemia. Su testimonio refuerza la imagen de un Koldo García que actuaba como un enlace omnipresente entre diferentes departamentos del Gobierno. Francos confirmó haber recibido instrucciones directas de que el asesor le contactaría para tratar asuntos relacionados con el suministro de material sanitario.
Aunque Francos negó haber cedido a presiones, su relato confirma que García intentó posicionar empresas de su entorno para la importación de mascarillas desde China. El exjefe de gabinete explicó que, en aquel momento, las compras estaban centralizadas en el Ingesa, lo que limitó la capacidad de maniobra directa del asesor en ese departamento específico. No obstante, la insistencia de Koldo y sus múltiples reuniones presenciales con altos cargos evidencian una red de influencias que operaba de forma transversal en la administración pública.
Conclusión: Un entramado de intereses por desgranar
La admisión del pago por parte de Azvi supone un hito en la instrucción del caso, ya que conecta directamente a una gran constructora con el epicentro de la trama de supuesta corrupción. Mientras la defensa de los empresarios sostiene que se trata de relaciones mercantiles legítimas para la expansión internacional, los investigadores buscan pruebas que confirmen un sistema de amaño de obra pública a cambio de dádivas. La evolución de las declaraciones de testigos y los documentos incautados en las agendas de Koldo García serán determinantes para establecer la responsabilidad penal de los implicados en este complejo puzle judicial.