La gestión de la catástrofe provocada por la DANA del 29 de octubre ha entrado en una fase de escrutinio técnico y judicial tras las revelaciones de José Miguel Basset. El inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha comparecido ante el juzgado de Catarroja, ofreciendo un testimonio que pone el foco en una desconexión informativa sin precedentes durante las horas más críticas del desbordamiento.
El silencio del barranco del Poyo en el núcleo de mando
Uno de los puntos más controvertidos de la declaración de Basset radica en la absoluta invisibilidad del barranco del Poyo dentro de las discusiones del CECOPI. Según el mando operativo, a pesar de que este cauce se convirtió en el principal vector de destrucción en la zona metropolitana de Valencia, su nombre nunca fue mencionado de forma explícita en las mesas de decisión estratégica.
Esta omisión resulta alarmante si se tiene en cuenta que alcaldes de diversas localidades ya reportaban situaciones extremas. Sin embargo, Basset sostiene que esa información municipal y técnica no se integró en la visión global del órgano de coordinación. El flujo de datos parecía estar compartimentado, lo que impidió que los responsables operativos comprendieran la magnitud real de la amenaza que avanzaba hacia las poblaciones del sur.
Dependencia de datos hidrológicos y el espejismo de la seguridad
El jefe de bomberos enfatizó que la toma de decisiones estuvo fuertemente condicionada por los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). Los datos que llegaban al centro de mando sugerían un escenario que no coincidía con la realidad física del terreno:
- Se manejaban lecturas que indicaban una disminución del caudal en puntos clave de medición.
- La atención se centró casi exclusivamente en la presa de Forata, bajo la premisa de que no llegaría a coronar.
- Esta orientación hacia Forata desvió la vigilancia sobre otros sistemas hídricos como los barrancos, que actuaron con mayor celeridad y violencia.
Basset subrayó que el enfoque operativo cambió radicalmente debido a estos datos técnicos, priorizando las zonas situadas aguas abajo de la presa mientras el peligro real se gestaba de forma independiente en la cuenca del Poyo.
Improvisación técnica en el sistema ES-Alert
Otro de los pilares de la comparecencia fue la gestión del sistema de alerta masiva a la población. El inspector jefe admitió que, a pesar de lo estipulado en los protocolos de protección civil, no se contó con expertos en comunicación de emergencias para redactar los avisos. El propio Basset tuvo que elaborar un borrador en un documento de Word en su ordenador personal para tratar de agilizar el proceso.
Lo más grave de este episodio es la pérdida de trazabilidad del mensaje. El jefe de bomberos reconoció que el texto final sufrió modificaciones que él no controló, eliminándose incluso recomendaciones específicas para personas que ya se encontraban atrapadas en sus vehículos. Esta falta de una metodología profesional de comunicación pudo ser determinante en la eficacia de la respuesta ciudadana ante el avance del agua.
Descoordinación de recursos y el caso de los bomberos forestales
La declaración también puso de manifiesto una grave fragmentación operativa. Basset afirmó no haber sido informado en tiempo real sobre la movilización ni la posterior retirada de las unidades de bomberos forestales. Este movimiento de recursos esenciales ocurrió sin que el mando principal del Consorcio tuviera conocimiento, una situación que solo pudo reconstruir días después mediante la revisión de grabaciones internas.
La retirada de estos efectivos se basó aparentemente en mediciones locales que indicaban un descenso del nivel del agua de apenas unos centímetros. Este hecho refuerza la tesis de Basset sobre la falta de una «figura de síntesis»: alguien con la capacidad de poner orden en la información dispersa y traducirla en riesgos concretos para la población civil.
Un CECOPI atomizado y sin visión estratégica
Para concluir, el testimonio de Basset ante la juez dibuja un escenario político y técnico caótico. Describió un centro de mando caracterizado por constantes interrupciones, entradas y salidas de cargos públicos y una alarmante falta de cohesión. Cada organismo trabajaba en su propia «parcela» informativa, sin que existiera un proceso de integración de datos que permitiera una respuesta unificada.
La investigación judicial ahora deberá determinar si esta estructura atomizada y la dependencia de datos hidrológicos parciales fueron los factores que impidieron una reacción a tiempo para minimizar las trágicas consecuencias de la riada. La falta de una voz común y la gestión «artesanal» de las alertas masivas se sitúan en el centro de un debate que trasciende lo operativo para entrar en el ámbito de la responsabilidad civil y penal.