La estrategia jurídica de Begoña Gómez ha dado un giro hacia la retrospectiva histórica para justificar la estructura de apoyo que la rodea en el Palacio de La Moncloa. A través de un detallado informe elaborado por Julio Víctor González García, catedrático de Derecho Administrativo, la defensa sostiene que la figura del cónyuge presidencial ha operado bajo un marco de «actuación común» durante los últimos 49 años, lo que validaría el papel de su equipo de trabajo frente a las acusaciones actuales.
La tradición institucional como argumento de defensa
El documento remitido al magistrado Juan Carlos Peinado plantea una tesis central: aunque el cónyuge del presidente no es un cargo electo, la realidad institucional le impone una agenda y una representación que limitan su autonomía personal. Según el análisis del catedrático, esta situación genera un escenario donde el personal de apoyo se vuelve indispensable no solo para cuestiones protocolarias, sino también para la esfera profesional del consorte.
Este informe busca neutralizar los cargos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios que pesan sobre Gómez y su asesora, Cristina Álvarez. La defensa argumenta que la disposición de recursos humanos en la sede de la Presidencia es una herencia administrativa aceptada socialmente desde el inicio de la democracia en 1977. Bajo esta premisa, la utilización de empleados públicos para asistir a la familia del presidente se considera una práctica consolidada por la inercia del poder ejecutivo.
Precedentes históricos: De Aznar a Mariano Rajoy
Para dotar de peso a su argumento, el informe técnico desgrana situaciones específicas de legislaturas anteriores, señalando que el uso de personal eventual para fines privados o híbridos no es una novedad de la presente administración. Se mencionan casos paradigmáticos que, a juicio de la defensa, establecen un baremo de normalidad institucional:
- El papel de la mujer de José María Aznar, quien utilizó recursos y personal de apoyo para la organización de eventos estrictamente familiares, como la boda de su hija, o durante campañas electorales locales.
- La incorporación de personal de confianza por vínculos de amistad previa, citando el caso de una colaboradora cercana a Elvira Fernández, esposa de Mariano Rajoy, que provenía del sector privado para ocupar un puesto eventual en Moncloa.
- La continuidad de secretarías personales para las consortes, como ocurrió en la etapa de Sonsoles Espinosa bajo el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero.
Con estos ejemplos, la defensa intenta demostrar que la relación afectiva o de confianza previa entre el consorte y su asistente es una constante histórica, y no una irregularidad propia del caso de Begoña Gómez.
El vacío normativo y la confianza legítima
Uno de los puntos más incisivos del informe es el análisis sobre la seguridad jurídica. González García argumenta que, ante la ausencia de una regulación específica que prohíba o limite estas funciones, imperan los principios de buena fe y confianza legítima. Si durante casi medio siglo el Estado ha permitido y facilitado esta estructura de soporte, la defensa alega que no puede criminalizarse una conducta que ha sido el estándar de funcionamiento para todas las familias presidenciales anteriores.
El texto concluye que el cónyuge, al carecer de capacidad de gasto propio, debe necesariamente utilizar los recursos asignados a la Presidencia. Esta simbiosis entre lo público y lo privado en el Complejo de La Moncloa sería, según este enfoque, una consecuencia inevitable de la naturaleza del puesto, la cual no ha sido modificada por ningún acto del poder público hasta la fecha.
Este peritaje académico se convierte ahora en una pieza clave para tratar de desvincular la actividad de la asesora Cristina Álvarez de cualquier ilícito administrativo, situando sus funciones dentro de una «costumbre institucional» que el sistema judicial no habría cuestionado en las últimas cinco décadas.