El proceso judicial que envuelve a Begoña Gómez ha tomado un giro estratégico en los tribunales. Su equipo de defensa ha presentado un recurso formal ante la Audiencia Provincial de Madrid con el objetivo de frenar la transformación de la causa en un juicio por jurado popular. La tesis de sus abogados sostiene que el magistrado instructor, Juan Carlos Peinado, está impulsando una investigación que carece de base objetiva y que parece estar motivada exclusivamente por el vínculo conyugal de la investigada con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Cuestionamiento a la imparcialidad y la presión mediática
El letrado Antonio Camacho, encargado de la defensa de Gómez, argumenta que la decisión de delegar el veredicto en ciudadanos particulares supone un riesgo elevado para las garantías procesales. En el escrito, se subraya que la exposición mediática extrema a la que ha sido sometido el caso —alimentada por redes sociales, comisiones parlamentarias y debates públicos— imposibilita la formación de un tribunal de conciencia que sea plenamente imparcial. Según la defensa, el entorno de «juicio paralelo» ya ha contaminado la opinión pública, lo que exige una fundamentación jurídica mucho más rigurosa de la que presenta el auto impugnado.
Además de la falta de motivación técnica denunciada, el recurso incide en que la actividad profesional de Gómez no ha sufrido cambios significativos derivados de la posición política de su marido. Se enfatiza que su trayectoria en el ámbito de la consultoría y la docencia universitaria comenzó mucho antes de 2018, invalidando la teoría de que su ascenso laboral se deba a la obtención de ventajas competitivas de carácter institucional.
Delitos en juego y la postura de la acusación
El horizonte penal de la causa es complejo, ya que el juez Peinado mantiene abiertas diligencias por varios delitos de alta gravedad. La investigación busca determinar si existieron irregularidades en los negocios de la esposa del presidente bajo las siguientes figuras delictivas:
- Presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
- Posible malversación de caudales públicos.
- Supuesta apropiación indebida relacionada con software universitario.
Por otro lado, la presión sobre Gómez se ha intensificado desde el bando de la acusación popular. Organizaciones como Hazte Oír, en representación de colectivos como Vox y Manos Limpias, han solicitado penas que suman 24 años de cárcel. En sus escritos, llegan a proponer medidas cautelares severas, incluyendo la prohibición de abandonar el territorio nacional y la retirada del pasaporte, alegando un supuesto riesgo de fuga ante la gravedad de las imputaciones.
Un conflicto de competencias en la Audiencia Provincial
La defensa busca ahora que los magistrados superiores declaren nula la resolución del juez instructor, paralizando cualquier avance hacia el jurado popular hasta que se resuelvan las dudas sobre la competencia judicial y la legalidad del procedimiento. Para los abogados de Gómez, la instrucción actual parece haber derivado en una «causa general» que analiza su vida privada más que hechos punibles concretos, lo que contravendría los principios básicos del Estado de Derecho y el derecho a un proceso con todas las garantías.