La estrategia de defensa de Begoña Gómez ha dado un giro técnico significativo al presentar un análisis contable que desafía frontalmente la tesis de la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Frente a las acusaciones de un posible quebranto en las arcas públicas, el nuevo informe pericial sostiene que la actividad de su cátedra no solo fue autosuficiente, sino que derivó en un beneficio neto de casi 13.000 euros para la institución académica.
El peritaje que cuestiona la tesis del perjuicio económico
El documento, elaborado por el catedrático de Derecho Financiero Jesús Rodríguez Márquez, se centra en desmontar el relato de la apropiación indebida vinculada al software de sostenibilidad. Según este análisis, la lógica contable aplicada por la UCM para declararse perjudicada es errónea, ya que confunde la inversión de fondos externos con una pérdida patrimonial propia.
La defensa argumenta que los 113.509 euros que la universidad reclama como gasto no pueden considerarse un daño, dado que ese capital provenía íntegramente de convenios con entidades privadas. En este sentido, el informe subraya tres puntos clave sobre la gestión de los recursos:
- El uso de los fondos se ajustó estrictamente a la normativa presupuestaria vigente de la universidad.
- La financiación externa cubrió tanto el desarrollo técnico como los costes indirectos de la propia UCM.
- Un incumplimiento en la ejecución del gasto habría obligado a la universidad a devolver el dinero a los patrocinadores, generando entonces sí un problema legal.
Matemáticas financieras: del déficit al superávit de 13.000 euros
El núcleo de la controversia reside en cómo se han gestionado los 176.000 euros aportados por empresas como Google, La Caixa o Reale Seguros. El informe pericial detalla que, tras detraer el 90% destinado a la operatividad de la cátedra, el 10% restante (17.600 euros) debía cubrir los gastos de estructura y personal de la UCM.
Sin embargo, el peritaje revela que el gasto real que la universidad tuvo que asumir por estos conceptos fue de tan solo 4.743,53 euros. Esto arroja un saldo positivo de 12.856,47 euros a favor de la entidad pública. Bajo esta premisa, la defensa sostiene que la universidad no ha perdido dinero, sino que ha obtenido un rendimiento económico directo por albergar la Cátedra de Transformación Social y Competitiva.
Contexto judicial y el papel del juez Juan Carlos Peinado
Este informe llega en un momento crítico del proceso instruido por el juez Juan Carlos Peinado. Tras dar por finalizada la fase de investigación el pasado mes de abril, el magistrado mantiene las imputaciones por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación, además de la mencionada apropiación indebida del software.
La estrategia de los abogados de Gómez busca ahora desactivar el pilar de la malversación y el perjuicio patrimonial. Si se demuestra que la universidad no puso fondos propios y que, de hecho, se benefició de la estructura de patrocinios, el recorrido jurídico de la acusación económica podría verse seriamente comprometido. Mientras tanto, la causa sigue afectando a otros actores como el empresario Juan Carlos Barrabés y asesores directos de la cátedra.
Conclusión: la batalla por el relato contable
En definitiva, la defensa de Begoña Gómez intenta trasladar el debate desde el ámbito de las influencias políticas al de la eficiencia administrativa. Al presentar un escenario donde la universidad pública sale ganando dinero gracias a la gestión privada de la cátedra, pretenden invalidar la condición de «perjudicada» de la Complutense. El éxito de esta tesis dependerá de si el juzgado acepta que el origen privado de los fondos exime a la administración de cualquier tipo de daño económico en su gestión interna.