La sombra de la irregularidad en la Cátedra de Transformación Social
Nuevos hallazgos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han arrojado luz sobre la gestión administrativa de la cátedra dirigida por Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Según el informe remitido al juzgado, la contratación de servicios de consultoría con la firma Deloitte no fue un proceso transparente, sino una maniobra diseñada para dotar de una «apariencia de legalidad» a adjudicaciones que, en la práctica, ya estaban decididas de antemano. Este artificio administrativo habría permitido eludir los cauces normativos de la contratación pública, situando a la esposa del presidente del Gobierno en el centro de una investigación por presunta malversación y tráfico de influencias.
La investigación judicial, liderada por el magistrado Juan Carlos Peinado, sostiene que los acuerdos contractuales se habrían gestionado al margen de los procedimientos legales estandarizados. Los agentes de la UCO subrayan que la prestación de servicios por parte de la consultora comenzó incluso antes de que se formalizara el primer contrato, lo que evidencia una premeditación clara en el beneficio hacia una empresa específica en detrimento de la libre competencia.
Ingeniería contractual: El papel de Deloitte en la Complutense
El análisis técnico de los contratos revela una estructura dividida en dos fases: un primer contrato menor y un posterior procedimiento abierto simplificado. En total, las arcas de la Universidad Complutense habrían desembolsado más de 128.000 euros por servicios de asesoría y consultoría que, según la Guardia Civil, presentan serias discrepancias entre lo firmado y lo ejecutado. La arquitectura de estos pliegos parece haber sido «moldeada» para encajar con las capacidades de la consultora elegida, limitando drásticamente la participación de otros licitadores.
Entre los puntos más críticos señalados por los investigadores se encuentran los siguientes aspectos del proceso de licitación:
- Plazos de ejecución ficticios: Los tiempos marcados en el papel no coincidían con la realidad de los trabajos desempeñados.
- Redacción de pliegos a medida: Se sospecha que las condiciones técnicas fueron redactadas por la propia dirección de la cátedra en connivencia con la adjudicataria.
- Simulación de competencia: Se habrían solicitado ofertas a otros proveedores en condiciones que hacían imposible su concurrencia efectiva, favoreciendo a Deloitte como única opción viable.
Facturas y software bajo el foco judicial
El núcleo de la investigación también se centra en el desarrollo de una plataforma de gestión de impacto para pymes, un software que inicialmente fue impulsado de forma gratuita por gigantes tecnológicos como Google o Telefónica. Sin embargo, la cátedra de Begoña Gómez habría cargado gastos adicionales a la universidad mediante facturas emitidas antes de la celebración de los concursos formales. Destaca la participación de Cristina Álvarez, colaboradora de Gómez en Moncloa, quien presuntamente coordinó solicitudes de presupuestos con plazos de respuesta de apenas 24 horas, una práctica que la UCO considera altamente irregular.
De los más de 128.000 euros investigados, una parte sustancial corresponde al ejercicio 2023, periodo en el que se concentran las mayores sospechas de apropiación indebida relacionadas con el software. El informe detalla que no existen pruebas fehacientes de que se realizaran las funciones específicas detalladas en el segundo contrato de 60.500 euros, lo que refuerza la tesis de la simulación contractual.
Consecuencias legales de la investigación de la UCO
Las conclusiones de la Guardia Civil colocan a la esposa del presidente ante un escenario jurídico complejo. Los delitos que se barajan —corrupción en los negocios, apropiación indebida, malversación y tráfico de influencias— sugieren un uso sistemático de la posición institucional para beneficiar proyectos personales financiados con fondos públicos. La falta de transparencia en la puesta a disposición de la universidad de las herramientas desarrolladas y el registro de marcas y dominios a nombre personal son elementos que el juez Peinado deberá dirimir en las próximas diligencias.
En conclusión, el informe de la UCO no solo cuestiona la ética de estas contrataciones, sino que señala una presunta estructura de favorecimiento premeditado que habría convertido a la Universidad Complutense en el soporte financiero de una actividad privada disfrazada de cátedra académica. El avance de la instrucción determinará si esta apariencia de legalidad constituye un entramado criminal de mayor calado.