La problemática habitacional ha dejado de ser un murmullo en los pasillos institucionales para convertirse en un clamor ensordecedor que recorre las calles. El reciente fallecimiento de Maricarmen Abascal, convertida involuntariamente en un emblema de la emergencia habitacional, ha reavivado un debate que ya no admite medias tintas. Para EH Bildu, su figura representa el drama de millones de personas que viven bajo la angustia constante de la incertidumbre residencial, un escenario donde la rentabilidad financiera parece imponerse sistemáticamente sobre la dignidad humana.
El pulso social como motor de cambio legislativo
Oskar Matute, diputado de la formación soberanista, ha sido tajante al señalar que la mejor forma de honrar la memoria de las víctimas del sistema inmobiliario es mantener viva la movilización social. Según el representante vasco, el derecho a un techo bajo el cual desarrollar un proyecto de vida no puede estar supeditado a la voluntad especulativa de unos pocos. Esta tensión entre el beneficio económico y el derecho social es lo que ha llevado el tema de la vivienda a la centralidad absoluta de la agenda política contemporánea.
La estrategia actual de la formación pasa por validar la urgencia de intervenir un mercado que definen como una «selva». En este sentido, Matute defiende la necesidad de herramientas legislativas que, aunque a veces se perciban como insuficientes, son pasos paliativos obligatorios para frenar el proceso de exclusión. La apelación al «pulso de la calle» no es baladí: se prepara el terreno para la huelga general del 11 de noviembre, una fecha marcada en el calendario como un hito para exigir que las instituciones regulen un sector que actualmente devora las expectativas de futuro de la ciudadanía.
Desmontando mitos: El falso enfrentamiento entre propietarios e inquilinos
Uno de los puntos más analíticos en el discurso de EH Bildu es la ruptura de la dicotomía que enfrenta a quienes alquilan con los pequeños propietarios. Para Matute, esta es una dualidad ficticia que solo beneficia a los grandes tenedores y especuladores. La falta de una regulación clara no solo desprotege al inquilino, sino que sumerge al pequeño propietario en una inseguridad jurídica dentro de un ecosistema que, si no se controla, termina por canibalizarse a sí mismo.
- La regulación no es un ataque a la propiedad privada, sino una garantía de estabilidad para todas las partes.
- El modelo actual de «ley de la jungla» genera una precariedad que impide la planificación vital a largo plazo.
- Es fundamental entender que las situaciones de inquilino y propietario no son compartimentos estancos en la trayectoria de vida de las personas.
Crítica a la gestión histórica y el horizonte del 29-N
La mirada de Matute no solo se queda en la denuncia social, sino que también apunta a la responsabilidad política histórica. En sus intervenciones, ha recordado que la competencia en materia de vivienda ha sido a menudo delegada o minusvalorada por formaciones como el PNV, a quienes critica por su falta de ambición en la gestión de este departamento. Según EH Bildu, no es suficiente con reaccionar ante tragedias puntuales; es imperativo abordar el problema desde una perspectiva radical y estructural.
Las próximas elecciones del 29 de noviembre se presentan como la oportunidad clave para configurar una mayoría que se atreva a intervenir el mercado de forma decidida. Matute sostiene que ya existen herramientas legales, como la Ley de Vivienda de 2015 o la Ley del Suelo de 2004, que permitirían actuar de forma mucho más contundente de lo que se ha hecho hasta ahora. El objetivo es claro: pasar de la política reactiva a una transformación real del modelo inmobiliario.
Hacia una intervención efectiva y el uso de la Diputación Permanente
Ante las críticas por el uso de fórmulas legislativas durante periodos de transición, el diputado ha defendido la legitimidad de la Diputación Permanente para tramitar decretos urgentes. Para EH Bildu, si es posible legislar por vía de urgencia sobre ayudas por catástrofes naturales o efectos de conflictos bélicos, con más razón debe hacerse para frenar la sangría social que supone el encarecimiento descontrolado de los alquileres y la falta de oferta pública.
En conclusión, el mensaje de la formación es una advertencia sobre la insostenibilidad del sistema actual. La muerte de Maricarmen Abascal ha servido para poner rostro a una estadística dolorosa, pero la solución requiere de un compromiso político que trascienda las legislaturas. La vivienda no es un activo financiero, sino un pilar del bienestar que requiere una regulación valiente, normalizada y, sobre todo, centrada en proteger la vida por encima de los balances de beneficios.