La gestión de la crisis migratoria en el archipiélago se enfrenta a un nuevo obstáculo tras el reciente fracaso de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Este órgano, diseñado para coordinar las políticas de protección a nivel nacional, no pudo sesionar por una falta de quórum que evidencia la fractura política entre las comunidades autónomas. Ante este escenario de parálisis, la consejera canaria Candelaria Delgado ha elevado una petición urgente al Ministerio de Juventud e Infancia para blindar los mecanismos legales que permiten el flujo de menores hacia la península.
El bloqueo institucional y la vulnerabilidad de las islas
La inasistencia de diversas administraciones regionales, mayoritariamente vinculadas al Partido Popular —con las excepciones de Canarias y Ceuta—, ha dejado en el aire decisiones críticas para el alivio de los centros de acogida insulares. Para el Gobierno de Canarias, esta ausencia no es solo un desplante administrativo, sino una traba directa a la capacidad de respuesta humanitaria en un territorio que soporta una presión migratoria constante.
Delgado ha sido tajante al señalar que los foros de debate democrático son el lugar idóneo para manifestar discrepancias. La ausencia de diálogo dificulta la implementación de soluciones estructurales y obliga a la administración canaria a depender de medidas extraordinarias para evitar el colapso del sistema de tutela. La prioridad ahora es garantizar que la falta de consenso político no se traduzca en un desamparo legal para los menores que llegan a las costas atlánticas.
La prórroga del Real Decreto Ley: Una herramienta de supervivencia
El núcleo de la estrategia canaria reside en la extensión del Real Decreto Ley que facilita la derivación de menores no acompañados. Esta normativa, que ya supuso un avance en la modificación de la Ley de Extranjería el año pasado, necesita una actualización inmediata para adaptarse a la realidad migratoria de 2024 y las proyecciones futuras. La consejera ha instado a la ministra Sira Rego a que el Consejo de Ministros actúe con celeridad.
La solicitud de prórroga busca consolidar los siguientes puntos estratégicos:
- Agilización de derivaciones: Reducir los tiempos de espera entre la llegada de los menores y su traslado a centros con plazas disponibles en otras comunidades.
- Reconocimiento de la contingencia: Ajustar los presupuestos y recursos estatales a las cifras reales de llegadas registradas en el presente ejercicio.
- Seguridad jurídica: Mantener un marco normativo que avale la actuación de los funcionarios y entidades sociales involucradas en la protección de la infancia.
Desafíos pendientes en la protección de la infancia
Más allá de la emergencia migratoria, la fallida conferencia sectorial dejó en el tintero otros asuntos de vital importancia para el bienestar de los menores en todo el Estado. Entre ellos destaca la implementación del modelo Barnahus, un sistema de atención integral para niños y niñas víctimas de violencia que busca evitar la revictimización en los procesos judiciales y asistenciales.
Asimismo, la evaluación de la Estrategia de Erradicación de la Violencia sobre la Infancia es otro de los pilares que ha quedado pausado. Desde Canarias se subraya que, aunque la contingencia migratoria sea el tema más urgente, el compromiso con la protección integral no puede verse comprometido por las disputas partidistas sobre el reparto territorial.
Un frente común dentro del Gobierno canario
A pesar de la fragmentación observada a nivel nacional, a nivel interno el Ejecutivo canario —formado por Coalición Canaria y el PP— mantiene una postura cohesionada. Delgado ha recalcado el respaldo total del vicepresidente Manuel Domínguez y del resto del gabinete, lo que refuerza la posición negociadora de las islas frente al Estado. Esta unidad interna es percibida como un elemento clave para seguir presionando por una normativa estable que no dependa exclusivamente de la voluntad política coyuntural de cada región.
La meta final es clara: establecer un sistema de corresponsabilidad obligatoria que trascienda los decretos puntuales y convierta la solidaridad interterritorial en una obligación legal ineludible. Mientras esto ocurre, la prórroga del actual decreto se presenta como la única balsa de salvamento para un sistema de acogida que opera al límite de sus capacidades.