El calendario judicial del conocido como caso Mascarillas en Almería ha sufrido una modificación de última hora. Lo que debía ser el inicio de una intensa ronda de declaraciones se ha visto interrumpido por la indisposición médica del abogado defensor de Fernando Giménez, exvicepresidente segundo de la Diputación Provincial. Esta circunstancia ha obligado a posponer un testimonio que se considera fundamental para esclarecer la supuesta red de comisiones irregulares en contratos de material sanitario.
Un aplazamiento por motivos de salud en la defensa
La cita prevista para este jueves en la Ciudad de la Justicia ha quedado en suspenso después de que el representante legal de Giménez alegara problemas de salud durante la jornada previa. Ante la imposibilidad de que el investigado contara con su asistencia letrada, el instructor Manuel Rey Bellot deberá señalar una nueva fecha en el calendario para retomar el interrogatorio.
Giménez encabeza una extensa lista de 43 personas bajo investigación en una causa que trata de determinar si se desviaron fondos públicos durante los momentos más críticos de la pandemia. Pese a este contratiempo, el resto de la agenda judicial para el día se mantiene, incluyendo la comparecencia por vía telemática del empresario Kilian L.S., vinculado a la adjudicación de un contrato millonario.
El código dental y el grupo de WhatsApp Naranjito
Uno de los aspectos más llamativos de la investigación llevada a cabo por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil reside en las comunicaciones internas de los implicados. Los investigadores sostienen que el núcleo duro de la trama se coordinaba a través de un grupo de mensajería denominado «Naranjito». En este chat, donde supuestamente participaban altos cargos de la institución provincial, se utilizaba una peculiar jerga para referirse a las mordidas económicas.
En lugar de hablar de dinero o porcentajes, los mensajes interceptados muestran un interés inusual por la odontología. Expresiones como «necesito una limpieza» o «tengo las muelas picadas» no eran, según la tesis policial, consultas médicas reales, sino señales para organizar el cobro de comisiones derivadas de la adjudicación de servicios y obras públicas que datan incluso de 2016.
Contratos bajo sospecha y sobrecostes millonarios
El foco principal de la instrucción se centra en un contrato de dos millones de euros formalizado en abril de 2020 para la adquisición de suministros sanitarios. Los informes periciales apuntan a que esta operación pudo haber generado un sobrecoste superior a los 945.000 euros, una cifra que habría servido para alimentar el sistema de gratificaciones ilegales que ahora se investiga.
- Javier Aureliano García: Expresidente de la Diputación, citado para finales de junio.
- Óscar Liria: Exvicepresidente tercero, cuya comparecencia es inminente.
- Kilian L.S.: Supuesto enlace empresarial en la trama de suministros.
La postura de la acusación popular
Desde la acusación popular se ha manifestado una mezcla de cautela y expectación ante el desarrollo de las jornadas. Los representantes legales esperan que los investigados opten por colaborar con la justicia aportando testimonios veraces, aunque reconocen el derecho constitucional de estos a no declarar. La complejidad del entramado de corrupción y el elevado número de imputados sugieren que el proceso de instrucción será extenso y que cada declaración podría abrir nuevas líneas de investigación sobre el uso de los fondos públicos en Almería.
