El escenario jurídico del denominado caso de las mascarillas ha dado un giro táctico tras la reciente pérdida de la condición de aforado de José Luis Ábalos. Las defensas del exministro y de su antiguo asesor, Koldo García, han solicitado formalmente que el proceso sea derivado del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional, una maniobra que busca garantizar derechos procesales pero que ha sido recibida con severas críticas por parte del Ministerio Público.
El derecho a la doble instancia como eje de la defensa
La base argumental de los abogados defensores reside en la protección de las garantías judiciales básicas. Al no ser ya diputado, el equipo legal de Ábalos sostiene que el Tribunal Supremo ya no es el órgano competente para juzgarle. Marino Turiel, representante del exministro, ha subrayado que mantener la causa en el Alto Tribunal privaría a su cliente de la doble estancia, es decir, de la posibilidad de recurrir una sentencia ante una instancia superior, un derecho que sí tendrían en la Audiencia Nacional.
Por su parte, Leticia de la Hoz, encargada de la defensa de García, ha sido tajante al señalar que no se trata de una estrategia dilatoria para retrasar el juicio, sino de una cuestión de orden público. Según la abogada, la actual división del caso en piezas separadas vulnera la Ley Orgánica del Poder Judicial, por lo que reclama que todos los hechos y actores implicados sean unificados bajo un mismo mando judicial en la Audiencia.
La respuesta tajante de la Fiscalía Anticorrupción
La reacción de la Fiscalía no se ha hecho esperar, calificando la propuesta de las defensas como algo fuera de toda lógica jurídica. El fiscal jefe, Alejandro Luzón, argumenta que la competencia quedó sellada en el momento en que se dictó el auto de apertura de juicio oral, cuando Ábalos todavía gozaba de aforamiento. Según su análisis, cualquier cambio posterior en la situación política del acusado no debería alterar la jurisdicción ya establecida.
Los puntos clave del rechazo de la acusación se resumen en los siguientes aspectos:
- Perpetuación de la jurisdicción: El órgano juzgador se determina al inicio de la fase de juicio oral.
- Rechazo a privilegios: La Fiscalía considera que el aforamiento fue un beneficio inicial que no puede ahora ser usado para «elegir» un tribunal más conveniente.
- Oposición a la suspensión: Se han rechazado las peticiones de suspender la vista preliminar para elevar consultas a Europa.
Recusaciones fallidas y la sombra del TJUE
La tensión en la sala se hizo evidente cuando se reveló que la defensa de Koldo García había intentado recusar a cinco magistrados del tribunal, un movimiento que fue desestimado de inmediato por considerarse extemporáneo. Ante este bloqueo, la estrategia de los investigados apunta ahora hacia el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), solicitando que sea la justicia comunitaria la que determine qué órgano es el adecuado para procesarles tras la renuncia de Ábalos a su acta parlamentaria.
Contrasta la postura de Víctor de Aldama
Mientras Ábalos y García luchan por el cambio de tribunal y se enfrentan a peticiones de condena que alcanzan los 30 años de prisión, el empresario Víctor de Aldama mantiene una posición diametralmente opuesta. Aldama, que ha optado por una vía de colaboración con la justicia, se enfrenta a una pena significativamente menor gracias a su confesión. Este contraste marca una clara división entre los investigados, mientras la defensa de Ábalos insinúa, sin pruebas confirmadas por el fiscal, la existencia de posibles pactos de conformidad que estarían condicionando el proceso.
El tribunal deberá decidir ahora si se aferra a su competencia o si, por el contrario, cede ante la presión de las defensas que advierten de una posible indefensión si se mantiene el juicio en el Supremo sin posibilidad de una segunda revisión judicial completa.
