La investigación sobre las presuntas irregularidades en la gestión interna del PSOE ha dado un giro significativo tras las recientes declaraciones en la Audiencia Nacional. Dos trabajadoras de la formación política han comparecido ante el magistrado Santiago Pedraz, señalando directamente a Santos Cerdán, ex secretario de Organización, como el responsable de validar privilegios logísticos y financieros para Leire Díez, una figura ajena a la ejecutiva actual del partido.
Gestión discrecional: La logística de Ferraz bajo la lupa judicial
Según el testimonio de las empleadas, la sede central de la calle Ferraz operaba bajo un sistema de autorizaciones excepcionales que beneficiaba a Díez. El procedimiento, lejos de ser automático, requería el visto bueno explícito de Cerdán. Estas facilidades incluían desde el acceso al aparcamiento privado del edificio hasta la financiación de desplazamientos, gestiones que resultaban inusuales para alguien que no ostentaba un cargo de responsabilidad en el organigrama socialista.
El modus operandi descrito ante el juez sugiere una operativa de comunicación directa. Las testigos confirmaron que Leire Díez solía informar de su llegada a través de servicios de mensajería instantánea una vez que la orden de Cerdán ya estaba procesada. Esta dinámica permitía a la exmilitante entrar y salir de las instalaciones con una libertad que el personal administrativo debía ejecutar sin cuestionar el trasfondo de las visitas.
Reuniones fantasma y el papel de la Secretaría de Organización
Uno de los puntos más críticos de la declaración es la existencia de una suerte de agenda paralela. Las empleadas administrativas subrayaron que, aunque coordinaban la logística, los encuentros entre Cerdán, Juan Manuel Serrano y el empresario Javier Pérez Dolset no figuraban en los registros oficiales de la formación. Esta opacidad en la programación institucional refuerza la tesis de que se trataba de reuniones de carácter privado o extraoficial dentro de las paredes del partido.
- Autorización de gastos: El departamento de administración solo procedía al pago de billetes tras la orden jerárquica de Cerdán.
- Desconocimiento del objeto: Las trabajadoras limitaron su función a la compra de pasajes, sin conocer el propósito de los viajes de Díez.
- Excepcionalidad: Se reiteró que este trato no era el estándar para personas sin cargos en la Ejecutiva.
De investigadas a testigos: La exculpación de las empleadas administrativas
El escenario judicial para las trabajadoras ha cambiado drásticamente. Inicialmente imputadas, el juez Pedraz decidió levantarles dicha condición al no hallar indicios suficientes de que fueran conscientes de un posible plan ilícito. Para el magistrado, su labor se ceñía a ejecutar órdenes administrativas dentro de una estructura jerarquizada, sin que hubiera pruebas de que conocieran la «finalidad última» de las gestiones solicitadas por la Secretaría de Organización.
Esta decisión judicial se produce en un contexto de máxima tensión, condicionado por los informes de la UCO de la Guardia Civil. Los investigadores sostienen la hipótesis de que se pudo haber utilizado la infraestructura del PSOE para articular una red de protección ante diversas causas judiciales. La entrega voluntaria de las comunicaciones mantenidas entre 2024 y 2025 por parte de las testigos será clave para determinar si existió una instrumentalización del partido para fines ajenos a su actividad política legal.
En conclusión, el foco de la Audiencia Nacional se estrecha sobre la cúpula organizativa. Mientras las empleadas quedan fuera de la sospecha criminal, la responsabilidad sobre la gestión de los fondos y el uso de las instalaciones apunta ahora a los niveles superiores, donde se tomaban las decisiones que esquivaban los cauces reglamentarios de la transparencia partidista.