El escenario de la justicia española ha vivido una jornada de definiciones institucionales respecto a los límites de la libertad de expresión de sus integrantes. La Comisión Disciplinaria del CGPJ ha resuelto, mediante una decisión mayoritaria, poner fin a los expedientes abiertos contra dos figuras de la judicatura: el magistrado de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y el juez Manuel Ruiz de Lara. Ambas resoluciones cierran el camino a las posibles sanciones administrativas que sobrevolaban tras sus declaraciones públicas y críticas hacia miembros del Gobierno y representantes políticos.
El archivo del caso Velasco y la polémica con Irene Montero
La resolución más mediática afecta directamente a Eloy Velasco, quien se encontraba bajo la lupa del órgano de gobierno de los jueces debido a una presunta falta grave de desconsideración. El origen del conflicto se remonta a noviembre de 2024, cuando el magistrado, en el marco de un debate sobre la ley del solo sí es sí, lanzó duras críticas hacia la exministra de Igualdad y actual eurodiputada, Irene Montero.
En su intervención, Velasco reivindicó la tradición del derecho romano sobre el consentimiento, contraponiendo su experiencia técnica con el pasado profesional de la política madrileña. Las palabras sobre el «cajero de Mercadona» fueron interpretadas por sectores de la sociedad como un ataque personal y profesional desproporcionado. A pesar de que el promotor de la acción disciplinaria llegó a barajar una multa económica que oscilaba entre los 501 y los 6.000 euros, la balanza se ha inclinado finalmente por el archivo, coincidiendo con la postura de la Fiscalía.
División interna y votos particulares en el CGPJ
Aunque el expediente ha quedado guardado en un cajón, la decisión no ha sido unánime, lo que refleja la tensión interpretativa dentro del Poder Judicial. Vocales como Ricardo Bodas, José María Fernández Seijo y Lucía Avilés han manifestado su discrepancia a través de votos particulares, señalando que las palabras del juez podrían haber cruzado la línea de la cortesía institucional requerida para su cargo.
Por su parte, Irene Montero reaccionó en su momento instando al magistrado a centrarse en su formación continua, subrayando que los estereotipos de género pueden contaminar la aplicación de las leyes. Este cruce de declaraciones puso de manifiesto el choque entre la autonomía de criterio de los jueces y la obligación de mantener un lenguaje exento de sesgos o descalificaciones personales en foros públicos.
Ruiz de Lara: Redes sociales y el concepto de ‘golpismo’
De forma paralela, el CGPJ ha decidido no seguir adelante con el proceso contra el magistrado Manuel Ruiz de Lara. En este caso, la controversia no nació en una conferencia, sino en la red social X (anteriormente Twitter). Las publicaciones de Ruiz de Lara apuntaban directamente a la gestión del presidente Pedro Sánchez, a quien llegó a calificar de «golpista».
- Se analizó el uso de términos despectivos hacia el entorno familiar del presidente, como el apodo ‘Barbigoña’ referido a Begoña Gómez.
- La Comisión evaluó si estas opiniones comprometían la apariencia de imparcialidad del sistema judicial.
- Finalmente, se consideró que no existían bases suficientes para imponer una sanción disciplinaria firme.
Un precedente sobre el discurso judicial en España
La clausura de ambos expedientes sienta un precedente relevante sobre la inmunidad de las opiniones de los jueces cuando actúan fuera del estrado. Al descartar la falta grave, el órgano rector parece priorizar el derecho fundamental a la expresión, incluso cuando los términos empleados resulten provocadores o polémicos para la clase política.
Este desenlace subraya una realidad compleja: la difícil convivencia entre la vehemencia dialéctica de los magistrados y la neutralidad que se espera de su función. Mientras que para algunos se trata de una protección necesaria de la independencia judicial, para otros representa una laxitud que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.