Avance en la instrucción: El calendario judicial de abril
El horizonte procesal del denominado caso fontanera entra en una fase determinante. El magistrado Arturo Zamarriego ha fijado las fechas clave en las que figuras vinculadas a los servicios de inteligencia deberán aportar claridad sobre la controvertida reunión mantenida con Leire Díez, emisaria vinculada al entorno del PSOE. Las citas en sede judicial, programadas para la segunda quincena de abril, buscan desentrañar el papel exacto que jugaron dos antiguos operativos del CNI y un colaborador externo en las negociaciones con el sector de los hidrocarburos.
La primera comparecencia de relevancia tendrá lugar el 16 de abril, centrando el foco en Miguel Ángel H., conocido en el ámbito operativo como ‘Michel’. Este testimonio es considerado por las partes como una pieza de alto valor estratégico para la investigación. La trayectoria de este antiguo guardia civil, que abandonó la institución en 2017 para capitalizar sus conocimientos en el sector de la seguridad privada, resulta clave para entender cómo se articularon los dispositivos de seguimiento y contrainteligencia que rodearon a la compañía Hafesa.
Perfiles bajo lupa: De la inteligencia estatal a la seguridad corporativa
El entramado de testigos que desfilarán ante el juez Zamarriego refleja una compleja mezcla de experiencia militar y conexiones empresariales. El análisis de los perfiles permite identificar una red de influencia que operaba en los márgenes de la legalidad institucional:
- Javier F.: Subteniente del Ejército del Aire en reserva y antiguo agente de campo del CNI. Su rol fue el de facilitador, utilizando su vínculo personal con el empresario Alejandro Hamlyn para introducir protocolos de seguridad en la operadora de hidrocarburos.
- Ángel A.: Aunque no ostentó la condición de agente directo, su vinculación con el CIFAS y su perfil como abogado penalista lo sitúan como un puente técnico entre los intereses jurídicos y los operativos de inteligencia.
- Miguel Ángel H. (‘Michel’): Presunto responsable de coordinar equipos tácticos encargados de monitorizar posibles seguimientos externos a los directivos involucrados.
Un elemento distintivo de esta instrucción es la revisión de la actividad de Javier F. durante su etapa en Hafesa. Si bien la empresa sostiene que su relación laboral fue acotada a un análisis de riesgos en el mercado mexicano durante el primer semestre de 2024, las pesquisas policiales sugieren que el vínculo profesional se mantuvo activo hasta el momento de la reunión grabada en el despacho del letrado Jacobo Teijelo.
La maniobra contra la UCO y la búsqueda de nulidad
El núcleo de la controversia reside en el contenido de una grabación de más de cien minutos, donde se evidencia el interés de Leire Díez por obtener información comprometedora contra altos mandos de la Unidad Central Operativa (UCO). El objetivo final de estas maniobras no era otro que desacreditar la labor de la policía judicial para forzar errores procesales que permitieran la anulación de la causa.
Fuentes cercanas al caso indican que, durante el encuentro donde se discutieron estas estrategias de presión, los exagentes del CNI mantuvieron una actitud de reserva, actuando prácticamente como observadores pasivos. No obstante, la acusación particular, representada por Hazte Oír, sospecha que su mera presencia validaba la seriedad de la oferta de pacto que la emisaria socialista ponía sobre la mesa, incluyendo posibles influencias ante la Fiscalía.
Estrategias procesales: El derecho al silencio y el secreto profesional
De cara a las declaraciones del 24 de abril, la defensa ha trazado una hoja de ruta centrada en la inviolabilidad de las comunicaciones. Ángel A. tiene previsto acogerse a su prerrogativa de no declarar, argumentando que su participación en la reunión se dio bajo el amparo de su condición de abogado defensor. Esta táctica busca impugnar la validez de los audios obtenidos, alegando que cualquier grabación realizada en el despacho de un letrado sin autorización judicial constituye una prueba ilícita.
Este movimiento defensivo pretende proteger no solo a los intermediarios, sino también a las figuras centrales como Javier Pérez Dolset y el propio Jacobo Teijelo. Si el juez admite la tesis de que la reunión fue una «encerrona» orquestada para obtener pruebas de forma irregular, el caso fontanera podría enfrentarse a un severo revés jurisdiccional. La declaración de los antiguos miembros de la inteligencia española será, por tanto, el termómetro que mida la solidez de una trama que mezcla intereses energéticos, favores políticos y el uso de los aparatos del Estado.