Ofensiva penal de Compromís por la presunta red de favores en Valencia
La estabilidad política del consistorio valenciano se enfrenta a un desafío de calado jurídico. La formación **Compromís** ha formalizado una denuncia ante la **Fiscalía Anticorrupción** que señala directamente a la alcaldesa **María José Catalá** y a otros altos cargos por una supuesta trama de **prevaricación y tráfico de influencias**. Este movimiento traslada el debate sobre la contratación de personal desde la crítica parlamentaria hasta el terreno de lo penal, poniendo bajo sospecha la gestión de los recursos públicos en el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria.
El núcleo de la acusación se centra en una presunta estrategia coordinada para facilitar la salida laboral de empleados del **Consorcio Valencia 2007**, entidad actualmente en fase de liquidación. La denuncia sugiere que se activó un mecanismo de **»subrogación encubierta»** mediante procesos administrativos que, lejos de buscar la excelencia técnica, habrían sido diseñados para beneficiar a nombres propios vinculados al entorno del Partido Popular y la administración actual.
El mecanismo de las «plazas espejo»: Sincronía bajo sospecha
La investigación solicitada por la portavoz **Papi Robles** detalla una asombrosa coincidencia temporal entre diversas administraciones. Se alega que se habrían orquestado al menos **siete procesos selectivos** en paralelo. El objetivo de esta maniobra, según la formación denunciante, era ofrecer una red de seguridad a cargos del consorcio en extinción, creando puestos a medida en fundaciones municipales y en el propio **Puerto de Valencia**.
Un análisis de los hechos revela una operativa singular: mientras la **Fundación Deportiva Municipal** abría plazas con perfiles específicos, el Puerto de Valencia lanzaba convocatorias casi idénticas de forma sincronizada. Esta duplicidad de ofertas permitía a los aspirantes elegir la opción más lucrativa. De hecho, tras la adjudicación de plazas en el Puerto con retribuciones cercanas a los **100.000 euros anuales**, el Ayuntamiento declaró desiertos sus propios procesos, lo que para Compromís es la prueba de que dichas vacantes solo servían como alternativa de respaldo.
Pruebas clave: Del notario al informe de la IGAE
Uno de los elementos más incriminatorios que aporta la denuncia es la existencia de **actas notariales** levantadas por otros trabajadores antes de que se resolvieran los concursos. En estos documentos, los denunciantes predijeron con exactitud quiénes serían los beneficiarios de las plazas en la Autoridad Portuaria, señalando un presunto **amaño en los procesos de selección**. La confirmación posterior de esos nombres como adjudicatarios refuerza la tesis del favoritismo.
- Inconsistencias salariales: Se detectaron saltos de remuneración desde los 60.000 hasta los 100.000 euros en puestos de nueva creación.
- Restricción de la competencia: El uso de perfiles curriculares extremadamente específicos para limitar el acceso a otros candidatos cualificados.
- Opacidad administrativa: Falta de criterios de valoración objetivos y ausencia de declaraciones de conflicto de interés en los tribunales evaluadores.
A este escenario se suma el informe de la **Intervención General de la Administración del Estado (IGAE)**. El órgano fiscalizador ya había advertido sobre deficiencias en la gestión de personal del Puerto, cuestionando la vulneración de los principios de **igualdad, mérito y capacidad**. El informe subraya que las exigencias de experiencia «puerto-ciudad» estaban tan acotadas que resultaba prácticamente imposible que alguien ajeno al consorcio pudiera competir en igualdad de condiciones.
Impacto en el gobierno municipal de Catalá
La denuncia penal no solo señala a la alcaldesa, sino que extiende la responsabilidad a concejalas como **Rocío Gil** y **Paula Llobet**, además de a la presidenta del Puerto, **Mar Chao**. La acusación sostiene que existió una voluntad deliberada de usar las instituciones como una agencia de colocación partidista, ignorando los procedimientos legales de libre concurrencia.
Desde la oposición se insiste en que este es un caso de **uso arbitrario del poder**. La apertura de diligencias por parte de Anticorrupción marcará un punto de inflexión para el gobierno local de **PP y Vox**, que deberá justificar la legalidad de unos procesos que la IGAE ya ha tildado de deficientes. La sombra del **enchufismo** vuelve a planear sobre las instituciones valencianas, obligando a una revisión profunda de la transparencia en las fundaciones y organismos dependientes del consistorio.
En conclusión, lo que comenzó como una denuncia mediática se ha transformado en un expediente judicial complejo. La fiscalía deberá determinar ahora si la sincronización de las convocatorias y las actas notariales preventivas son indicios suficientes para confirmar un esquema de corrupción sistémica en la recolocación de altos cargos en Valencia.