La tensión política y judicial en Algeciras ha alcanzado un punto de no retorno. Este jueves, el Juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer ha sido el escenario de las declaraciones clave de dos figuras del entorno cercano del alcalde: los ediles populares Jacinto Muñoz y Patricia Bueno. Ambos han comparecido en calidad de testigos dentro de la investigación abierta por una presunta agresión sexual cometida por el actual regidor, José Ignacio Landaluce, contra una joven militante de Nuevas Generaciones.
Avances en la instrucción judicial y testimonios clave
El proceso judicial avanza a un ritmo acelerado tras la denuncia formal de la víctima, quien también ha ratificado su testimonio ante la jueza. Esta comparecencia supone el preámbulo de una cita determinante: la declaración del propio José Ignacio Landaluce como investigado, programada para este viernes. Los testimonios de los concejales buscan esclarecer los hechos ocurridos y la gestión interna que el Partido Popular realizó tras conocerse el incidente.
A la salida de las dependencias judiciales, Jacinto Muñoz, quien además de ser secretario general del PP local es el principal candidato a suceder a Landaluce en la alcaldía, mantuvo una postura esquiva ante los medios. Se limitó a afirmar que su intervención se ha centrado en colaborar con la justicia, declinando ofrecer detalles sobre el contenido de su interrogatorio ante los letrados de las partes implicadas.
El relato de la denuncia: del despacho oficial al juzgado
La investigación se centra en un episodio ocurrido presuntamente el pasado mes de julio. La denunciante, que desempeñaba funciones como cargo de confianza en la Oficina de Atención al Mayor, relató un encuentro en el despacho de alcaldía donde Landaluce, bajo el pretexto de realizar una supuesta exploración médica preventiva para detectar tumores, habría realizado tocamientos no consentidos en sus pechos.
Un punto crítico en la instrucción es la reunión mantenida semanas después, el 8 de agosto, entre la víctima, Patricia Bueno y Jacinto Muñoz. Según el testimonio de la joven, en dicho encuentro se sintió presionada y confundida, llegando a afirmar que los ediles le dictaron un escrito de su puño y letra. En dicho documento, se debía dejar constancia de que no deseaba que se tomaran medidas legales ni se hiciera uso de su relato sin su autorización expresa, un movimiento que la acusación podría interpretar como un intento de contención de daños políticos.
Crisis en el equipo de gobierno y moción de censura
El impacto de estas acusaciones ha dinamitado la estabilidad del Ayuntamiento de Algeciras. Ante la negativa inicial de Landaluce a abandonar su cargo tras la petición del PP, la mayoría de sus concejales —12 de los 15 originales— optaron por presentar su dimisión en bloque. Este movimiento culminó en la firma de una moción de censura junto a la formación Vox, cuya votación estaba prevista para finales de este mes.
Sin embargo, el calendario político se ha visto alterado por el anuncio del propio Landaluce, quien ha confirmado que presentará su dimisión voluntaria este domingo 25 de noviembre, apenas unos días antes de que se celebre el pleno para su destitución. Esta salida busca, presuntamente, evitar el desgaste público de la moción, aunque no detiene el frente judicial que tiene abierto.
Un historial de denuncias bajo el foco de la Fiscalía
Este caso no es el único que ensombrece la trayectoria del alcalde. Existe una segunda denuncia, tramitada inicialmente ante el Tribunal Supremo por otra militante del PP, que relata agresiones supuestamente ocurridas en 2020 y 2021, tanto en una clínica privada propiedad de Landaluce como en la propia sede consistorial.
Tras la pérdida de la condición de aforado de Landaluce, el Supremo ha trasladado las actuaciones a la Fiscalía para determinar la competencia territorial y la existencia de indicios delictivos suficientes. Algeciras se enfrenta ahora a una etapa de incertidumbre política, mientras la justicia trata de determinar la veracidad de unos testimonios que han fracturado por completo la confianza en su máximo representante municipal.