La justicia gallega ha dado un paso firme en la protección de los derechos de las personas con discapacidad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado recientemente la condena de dos años de prisión para tres individuos acusados de orquestar un plan de fraude continuado. Los condenados aprovecharon la vulnerabilidad de una víctima con trastornos psiquiátricos para sustraerle una cantidad superior a los 30.000 euros.
Un entramado de falsas necesidades y manipulación
El modus operandi de los estafadores, una pareja y un familiar cercano de nacionalidad rumana, se basó en la creación de relatos ficticios para ganarse la confianza del perjudicado. Entre 2014 y 2016, los acusados tejieron una red de engaños solicitando dinero bajo diversos pretextos humanitarios y financieros. La víctima, cuya capacidad para discernir decisiones jurídico-mercantiles estaba mermada debido a su patología, cedió ante las presiones emocionales.
Los argumentos utilizados para el desfalco incluyeron:
- Supuestos tratamientos de salud de carácter urgente.
- Pagos ficticios de alquileres para evitar desahucios.
- Inversiones inexistentes en la adquisición de inmuebles en el extranjero.
El papel de la falsa asistencia jurídica
Un aspecto llamativo de este caso es la aparición de un cuarto implicado, quien ya recibió su condena en un proceso previo. Cuando la víctima comenzó a mostrar preocupación por la pérdida de sus ahorros e intentó recuperar los fondos transferidos, este individuo intervino haciéndose pasar por abogado. Lejos de ofrecer ayuda legal, el falso profesional logró extraer 1.600 euros adicionales bajo el concepto de honorarios por gestiones que nunca se realizaron.
Consecuencias penales y responsabilidad civil
La sentencia definitiva confirma que los tres encausados son autores de un delito continuado de estafa. Además de la pena de privación de libertad, el fallo establece medidas de resarcimiento económico fundamentales para el restablecimiento de la situación financiera del afectado:
Por un lado, la pareja deberá abonar 1.900 euros en concepto de restitución. Por otro, el tercer implicado asume la carga principal de la responsabilidad civil, debiendo indemnizar a la víctima con 30.000 euros. Aunque la defensa aún tiene la posibilidad de presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, esta ratificación del TSXG supone un respaldo contundente a la sentencia original emitida por la Audiencia Provincial de A Coruña.
Este caso subraya la necesidad de una vigilancia social y jurídica constante sobre las personas en situación de dependencia o con enfermedades mentales, quienes a menudo se convierten en el objetivo de redes criminales que explotan su falta de capacidad de autoprotección en el ámbito mercantil.