La justicia ha dictado sentencia en uno de los casos de fraude más mediáticos en el sector de los juegos de azar en España. El responsable de una administración de loterías en La Coruña ha sido condenado a tres años y seis meses de prisión tras demostrarse que engañó a un cliente para quedarse con un boleto de la Primitiva premiado con 4,7 millones de euros. La resolución de la Audiencia Provincial pone fin, en primera instancia, a una batalla legal que se ha extendido por más de una década.
El engaño en el mostrador: La técnica de la estafa agravada
El tribunal considera probado que el acusado, Manuel Reija, actuó con ánimo de lucro ilícito cuando recibió el boleto ganador en junio de 2012. El apostante, un cliente habitual llamado José Luis Alonso, entregó sus resguardos confiando plenamente en la honestidad del lotero. Sin embargo, al detectar que uno de ellos contenía la combinación ganadora de primera categoría, el condenado informó falsamente al cliente de que no tenía premio.
Para reforzar la estafa agravada, el magistrado subraya que el lotero guardó el ticket en una zona reservada de la oficina, permitiendo que la víctima se marchara sin su resguardo y sin conocimiento alguno de su nueva fortuna. Minutos después, el acusado realizó comprobaciones adicionales en el terminal para confirmar la magnitud del premio, separando físicamente el boleto del resto de las apuestas no premiadas del mismo cliente.
Pruebas tecnológicas y el argumento fallido del hallazgo
Uno de los pilares de la condena ha sido la trazabilidad de los terminales de Loterías y Apuestas del Estado. La defensa del lotero intentó sostener que el boleto había sido «encontrado» sobre el mostrador, presentándolo como un objeto perdido para dar apariencia de legalidad a su posterior intento de cobro. No obstante, la sala desmontó esta versión basándose en los siguientes puntos:
- La coincidencia temporal exacta entre las comprobaciones de los boletos premiados y los no premiados del mismo grupo de apuestas.
- La repetición de apuestas idénticas en cuestión de segundos, algo que solo ocurre cuando el cliente está presente en ventanilla.
- La contradicción lógica de que un titular de administración encuentre un boleto millonario justo después de haber atendido al apostante habitual de esos mismos números.
Absolución del entorno familiar y responsabilidad civil
La sentencia también ha resuelto la situación jurídica del hermano del condenado, quien en aquel momento ocupaba un cargo de delegado provincial de Loterías. La Audiencia ha decidido absolver a Miguel Reija de los delitos de encubrimiento y blanqueo de capitales. Los magistrados concluyeron que el hermano actuó bajo el engaño del propio lotero, creyendo genuinamente que el boleto había sido hallado y no sustraído a un cliente.
En cuanto a la reparación del daño, el fallo impone que el condenado deberá abonar, de forma solidaria con la entidad pública Loterías, la cantidad de 4,7 millones de euros. Este importe está destinado a los herederos del legítimo ganador, José Luis Alonso, quien falleció en 2014 sin saber que era millonario y cuya familia solo supo de la irregularidad gracias a una minuciosa investigación de la Policía Nacional.
Un sistema de confianza puesto a prueba
Este caso ha generado un debate sobre la seguridad en el cobro de premios de lotería. La sentencia descarta la idea de que un boleto sea simplemente un «cheque al portador» sin más, especialmente cuando hay una relación de custodia y servicio profesional de por medio. El tribunal destaca que el lotero intentó instrumentalizar el expediente de hallazgo de la alcaldía para blanquear la procedencia del premio, una maniobra que finalmente ha derivado en su condena penal.
A pesar de la contundencia del fallo, la resolución no es firme. Las partes tienen ahora la posibilidad de interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que podría prolongar aún más el desenlace definitivo de esta trama de ambición y engaño en el corazón de la lotería nacional.