La Cámara Baja ha dado un paso definitivo en la reparación histórica de los ciudadanos procedentes del Sáhara Occidental. Con el respaldo de una mayoría parlamentaria de 178 votos, se ha aprobado la normativa que permitirá a miles de personas obtener la nacionalidad española por carta de naturaleza. Este avance legal busca poner fin a décadas de incertidumbre administrativa para quienes nacieron en el territorio cuando este era considerado, a todos los efectos, la provincia número 53 de España.
Un cambio de estatus para los nacidos antes de 1977
El núcleo de esta reforma reside en reconocer un derecho que quedó en el limbo tras la accidentada descolonización de 1975. La ley establece que podrán solicitar el pasaporte español todos aquellos saharauis nacidos en el territorio antes del 29 de septiembre de 1977. Una de las novedades más significativas es que, a diferencia de otros procesos de naturalización, los solicitantes directos no tendrán la obligación de residir legalmente en España para iniciar el trámite.
Para los descendientes de estos ciudadanos, la normativa abre una ventana de oportunidad de cinco años. Este plazo comenzará a contar desde el momento en que sus progenitores queden inscritos formalmente en el Registro Civil. De esta manera, se pretende evitar que la condición de apátrida se herede generacionalmente, ofreciendo un vínculo jurídico estable con el Estado español.
Documentación y requisitos para el trámite
Para acreditar la vinculación con la antigua administración española, el Ministerio de Justicia aceptará una amplia variedad de pruebas documentales. El objetivo es facilitar el proceso a personas que, en muchos casos, conservan documentos deteriorados por el tiempo o el exilio. Entre los medios de prueba válidos se encuentran:
- Documento Nacional de Identidad (DNI) español, aunque esté caducado.
- Certificados de inscripción en el censo para el referéndum de autodeterminación validados por la ONU.
- Partidas de nacimiento compulsadas o libros de familia emitidos por las autoridades coloniales.
- Certificaciones de escolarización, carnés de conducir o expedientes médicos de la época.
- Documentación relativa al cobro de pensiones o haberes del Estado español.
Fisuras políticas y el contexto diplomático con Rabat
A pesar del clima de celebración en las tribunas del Congreso, la aprobación no ha estado exenta de tensiones partidistas. Mientras que formaciones como Sumar y el bloque nacionalista han defendido la medida como un acto de justicia poética, el Partido Popular optó por la abstención, sugiriendo un modelo basado en años de residencia previa. Por su parte, Vox rechazó de plano la iniciativa, cuestionando la seguridad jurídica del proceso.
El momento elegido para esta aprobación es especialmente sensible en el tablero de la política exterior. Las relaciones con el Reino de Marruecos atraviesan una fase de vigilancia mutua, especialmente tras los recientes episodios de presión migratoria en Ceuta. Diversos analistas sugieren que los movimientos legislativos en Madrid son observados con lupa desde Rabat, especialmente tras el giro de guion del Gobierno respecto al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.
El fin del limbo jurídico para los apátridas
Se estima que esta ley podría beneficiar directamente a unas 80.000 personas que, hasta hoy, carecían de una nacionalidad reconocida internacionalmente. La situación de este colectivo se remonta a la Marcha Verde y el abandono español del territorio en plena agonía del régimen franquista. Aquellos ciudadanos, que hablaban castellano y poseían documentos de identidad españoles, pasaron de la noche a la mañana a ser extranjeros en su propia tierra o refugiados en campamentos argelinos.
En conclusión, la nueva legislación no solo tiene un impacto administrativo, sino también un profundo calado simbólico. Al otorgar la nacionalidad, España asume parte de su responsabilidad histórica como potencia administradora, aunque el conflicto político de fondo sobre la soberanía del territorio siga siendo uno de los grandes retos pendientes de la diplomacia internacional y de las resoluciones de las Naciones Unidas.