El proceso judicial que busca esclarecer las responsabilidades en la gestión de la DANA del pasado 29 de octubre ha topado con un muro tecnológico. Los intentos por acceder a las comunicaciones de José Manuel Cuenca, quien fuera el jefe de gabinete de Carlos Mazón, han resultado infructuosos tras una jornada clave en los juzgados de Catarroja. Este vacío informativo complica el cotejo de las órdenes y avisos emitidos durante las horas críticas de la catástrofe.
Un callejón sin salida para los técnicos de la Generalitat
Tres especialistas de la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (DGTIC) han confirmado la imposibilidad de extraer datos relevantes del terminal utilizado por Cuenca. A pesar de contar con la tarjeta SIM original, entregada por el exjefe de gabinete en su cuarta comparecencia judicial, el volcado de datos no ha ofrecido los resultados esperados por la magistrada instructora.
Ante la incapacidad de los técnicos autonómicos para recuperar los mensajes de WhatsApp eliminados, la vía de investigación ha dado un giro procedimental. Se ha solicitado formalmente que sea la Policía Judicial quien asuma la tarea, aplicando herramientas forenses de mayor calado para intentar rescatar cualquier rastro de actividad digital del día de la riada. Este movimiento busca determinar si el borrado fue una consecuencia accidental de la gestión corporativa del dispositivo o una acción deliberada para ocultar pruebas.
La tesis del cambio de portabilidad y el reseteo de fábrica
A su salida del juzgado, José Manuel Cuenca ha mantenido una postura defensiva, desvinculándose de cualquier acusación de obstrucción a la justicia. Según su versión, la pérdida de los historiales de conversación se debe a factores técnicos externos y no a una voluntad de ocultación. Los puntos principales de su argumento son:
- La pérdida de información se produjo supuestamente durante un proceso de cambio de portabilidad telefónica.
- El terminal, un iPhone 14 Pro Max, fue devuelto a la administración tras ser restablecido a sus valores de fábrica, siguiendo el protocolo estándar de la empresa.
- La ausencia de copias de seguridad en la nube o en el dispositivo impidió la restauración de los chats tras el reseteo.
El informe previo de la DGTIC ya advertía que el teléfono presentaba la configuración inicial del fabricante, lo que en la práctica supone un «borrado limpio» de aplicaciones y bases de datos locales. Esta situación deja a la jueza en una posición compleja, ya que los mensajes entre Cuenca y la exconsellera Salomé Pradas —una de las investigadas principales— son piezas angulares para entender la cadena de mando durante el 29 de octubre.
Contradicciones y el papel de los testigos del 112
El trasfondo de esta disputa tecnológica reside en el enfrentamiento dialéctico entre Cuenca y Pradas. Mientras que la exconsellera aportó comunicaciones que, según ella, demostraban la implicación directa de Presidencia en la toma de decisiones, Cuenca afirma que dichos mensajes están «descontextualizados». El exjefe de gabinete niega haber dado instrucciones operativas a la consellera, limitando su papel al de un mero transmisor de información sobre zonas específicas, como Utiel.
Paralelamente a la controversia de los teléfonos, el juzgado ha comenzado a tomar declaración a otros perfiles operativos del 112 Comunitat Valenciana. Los testimonios recogidos hasta ahora, centrados en el turno de noche previo a la tragedia, describen una situación de aparente calma técnica antes de que la alerta pasara a nivel naranja a las 06:40 horas. Estos testimonios, aunque periféricos al núcleo de la gestión vespertina, sirven para construir la cronología de una respuesta administrativa que hoy está bajo lupa judicial.
Implicaciones para la instrucción judicial
La resolución de este conflicto digital determinará el futuro de la causa. Si la Policía Judicial fracasa en la recuperación de los archivos, la acusación deberá basarse en testimonios cruzados y registros de llamadas, perdiendo la literalidad de los mensajes de texto que podrían confirmar o desmentir las versiones de los investigados. La protección de la intimidad alegada inicialmente por Cuenca ha cedido ante la presión judicial, pero el daño a la trazabilidad de la información podría ser irreversible.
Por ahora, la investigación sobre la catástrofe de Valencia continúa su curso con dos frentes abiertos: el análisis de la negligencia administrativa y la posible destrucción de pruebas digitales. El juzgado de Catarroja espera que los métodos avanzados de las fuerzas de seguridad arrojen luz sobre lo que ocurrió en los despachos de la Generalitat mientras la provincia sufría una de sus mayores tragedias naturales.