Un veredicto histórico que confirma la corrupción en el caso Mediador
La justicia ha dado un paso decisivo en la resolución del entramado de corrupción que sacudió los cimientos políticos de Canarias. El jurado popular de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha emitido un fallo de culpabilidad contra los tres protagonistas de la primera pieza del caso Mediador. Tras un proceso que se inició el pasado 22 de enero, se ha confirmado que el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, el exgeneral de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el empresario Antonio Bautista incurrieron en un delito de cohecho.
Este primer juicio se ha centrado específicamente en el intercambio de favores y pagos ilegales destinados a asegurar contratos de suministro de energía solar en el archipiélago. Según la resolución, ha quedado probado que existió una red de influencias donde el dinero y los regalos se utilizaban como moneda de cambio para facilitar la implantación de negocios privados mediante el uso indebido de cargos públicos.
El esquema de los sobornos: Dinero en efectivo y prebendas
La investigación y el posterior juicio han revelado una operativa sistemática de pagos. El jurado ha validado las pruebas que demuestran la entrega de 19.500 euros por parte del empresario Bautista, así como la financiación de una vida de lujos para los implicados que incluía los siguientes conceptos:
- Pago recurrente de comidas en restaurantes exclusivos mediante tarjetas de crédito empresariales.
- Financiación de desplazamientos aéreos y estancias en hoteles para los implicados y sus acompañantes.
- Entrega de obsequios de lujo, como puros canarios de alta gama, como gesto de cortesía inicial para engrasar la relación.
- Alquiler de vehículos y pagos por conferencias ficticias que servían para blanquear el trasvase de fondos.
Uno de los puntos más críticos durante la vista oral fue la condición de funcionario público de Francisco Espinosa. A pesar de los intentos de su defensa por alegar que en aquel momento dirigía una fundación y no ejercía funciones policiales, el jurado aceptó el testimonio pericial que confirmaba su estatus de miembro activo de la Guardia Civil, lo que le inhabilitaba legalmente para percibir cualquier tipo de dádiva.
El viaje a Fuerteventura: El hito que consolidó la trama
Dentro de la cronología de los hechos, el veredicto subraya un desplazamiento realizado en noviembre de 2020 como una prueba irrefutable del cohecho. Los tres acusados, junto a una acompañante de Espinosa, viajaron a Fuerteventura bajo el pretexto de una charla formativa. Sin embargo, la fiscalía sostuvo, y el jurado ha corroborado, que el verdadero objetivo era estrechar lazos comerciales y garantizar que Espinosa trabajaría para la empresa de Bautista tras su jubilación.
Este episodio refleja la dinámica de influencia que Navarro Tacoronte, ejerciendo su papel de mediador, había tejido entre el poder militar y el sector empresarial. El empresario Bautista terminó por cortar los lazos meses después, al comprobar que la inversión realizada en sobornos no se traducía en la adjudicación real de los proyectos de placas solares que le habían prometido.
De un arresto accidental al escándalo político nacional
Resulta paradójico que esta compleja red de corrupción no saliera a la luz por una investigación de oficio, sino por un error fortuito de su principal orquestador. En enero de 2023, Navarro Tacoronte fue detenido por un presunto uso fraudulento de una tarjeta bancaria perteneciente a un cargo del Cabildo de Tenerife. Fue durante su estancia en dependencias policiales cuando el mediador decidió «tirar de la manta».
La entrega voluntaria de sus dispositivos móviles puso en manos de los investigadores miles de archivos, fotografías y audios que no solo incriminaban a los hoy condenados, sino que extendían la sombra de la sospecha sobre figuras como el exdiputado Bernardo Fuentes y su sobrino, Taishet Fuentes. Este veredicto de culpabilidad es solo la primera pieza de un dominó judicial que promete seguir analizando la ramificación política de la trama en futuras vistas orales.
Consecuencias legales y futuro del caso
Tras la declaración de culpabilidad emitida por el jurado, el tribunal deberá dictar la sentencia definitiva. Aunque el delito de cohecho conlleva penas significativas, en este caso concreto y debido a las circunstancias procesales de esta pieza separada, se espera que las condenas no superen el año de prisión. No obstante, la trascendencia de este fallo radica en la validación judicial del testimonio de los investigadores y del propio mediador.
El cierre de este capítulo marca un precedente para las piezas restantes del caso Mediador. La justicia ha dejado claro que los argumentos de la defensa, que intentaban presentar estos hechos como simples gestiones comerciales privadas o malentendidos entre particulares, carecen de base ante la evidencia de los pagos ilícitos y el aprovechamiento de cargos públicos para fines lucrativos.