El escándalo que rodea al anterior número dos de la Policía Nacional no se detiene en la acusación inicial por agresión sexual. La querella presentada ante los tribunales dibuja un escenario posterior marcado por una asimetría de poder y una estrategia de presión psicológica que buscaba, presuntamente, silenciar a la víctima mediante el hostigamiento y la oferta de beneficios profesionales.
La oferta de destinos como mecanismo de silencio
Uno de los puntos más críticos del documento judicial se sitúa en el mes de julio, cuando la estructura institucional de la Dirección General de la Policía parece haberse utilizado como moneda de cambio. Según el relato de la agente, un comisario que actuaba como asesor directo del DAO intervino para ofrecerle una salida pactada: la libre elección de su próximo destino laboral.
- Propuesta de elección de puesto de trabajo a medida.
- Uso de intermediarios de alto rango para gestionar el conflicto.
- Rechazo categórico de la víctima ante lo que considera una coacción mediante compensación laboral.
La negativa de la funcionaria fue contundente, dejando claro que las acciones del mando policial tendrían consecuencias legales. Este episodio es interpretado por la acusación como un intento desesperado de evitar que el caso llegara a sede judicial, utilizando para ello los privilegios inherentes al cargo del investigado.
Cronología de un asedio telefónico sistemático
La querella detalla que el hostigamiento comenzó apenas unas horas después del incidente principal, ocurrido el 23 de abril de 2025. Lo que la denunciante describe es una campaña de acoso telefónico sin precedentes, donde el mando policial habría realizado hasta 17 llamadas en un lapso mínimo de tiempo, todas ellas ignoradas por la agente.
Ante la imposibilidad de contactar por voz, el investigado recurrió a la mensajería escrita, alternando entre la victimización propia y la descalificación de la mujer. En los mensajes aportados a la causa se leen términos como «borrica» o «gilipollas», términos que evidencian, según la querella, una voluntad de control y una falta total de respeto hacia la integridad de la funcionaria subordinada.
El uso de recursos oficiales para el hostigamiento
Un aspecto que agrava la situación es la presunta utilización de terminales oficiales vinculados al despacho del Director Adjunto Operativo. Cuando la agente bloqueó el número personal del mando, este habría insistido a través de líneas de la Dirección General para eludir cualquier barrera comunicativa. Este hecho refuerza la tesis de una obsesión por mantener el contacto a pesar de la voluntad explícita de la víctima de marcar distancia.
En mayo, durante una de las pocas conversaciones que la agente accedió a mantener para intentar frenar la situación, el investigado habría minimizado los hechos con frases que sugerían una supuesta deuda de carácter sexual, llegando a recriminarle: «el que me negaras el sexo». Al no obtener la sumisión esperada, el tono derivaba rápidamente en amenazas y desprecios personales.
Colapso en la sede central y baja psicológica
La presión alcanzó su punto de ruptura el 24 de julio, coincidiendo con la incorporación de la agente a su nuevo puesto en la sede de la Policía en Madrid. Mientras se encontraba en dependencias de Recursos Humanos, una nueva llamada proveniente del entorno del DAO provocó una crisis en la mujer, quien manifestó su absoluta incapacidad para continuar con sus labores habituales.
Desde ese momento, la denunciante permanece en situación de baja por salud mental, bajo el seguimiento de equipos de apoyo psicosocial especializados. El caso no solo cuestiona la conducta de un alto cargo, sino que pone bajo el foco los protocolos de protección interna de la Policía Nacional ante situaciones de abuso de poder y acoso sistemático hacia sus propios efectivos.