El cierre del proceso penal contra el hermano del presidente del Gobierno no ha supuesto el fin de sus complicaciones legales en Extremadura. Tras la reciente sentencia de inhabilitación por prevaricación, diversas acusaciones populares han decidido dar un paso más allá al detectar que el fallo no contemplaba la devolución de los salarios percibidos. Esta situación ha provocado que organizaciones como Hazte Oír, Iustitia Europa y el Partido Popular trasladen el conflicto al Tribunal de Cuentas, buscando el reintegro de unas cantidades que consideran obtenidas fraudulentamente.
La ofensiva por la responsabilidad contable
La estrategia jurídica ha virado hacia la recuperación del patrimonio público. Hazte Oír ha formalizado un recurso y una denuncia para que se reintegren los 340.572 euros que David Sánchez cobró de la Diputación de Badajoz entre los años 2017 y 2025. Según la acusación, este dinero responde a una relación laboral ficticia, sustentada en un puesto creado exclusivamente para el músico sin que existiera una labor real que justificara tales retribuciones.
El fundamento de esta petición reside en que la sentencia previa, aunque condenatoria en el ámbito administrativo por prevaricación, no entró a valorar el perjuicio económico directo sobre los caudales públicos. Al no haber sido ejercida la acción civil por las entidades que tenían la obligación de hacerlo, las acusaciones populares buscan ahora que el órgano fiscalizador cuantifique el daño y ordene el embargo preventivo de los responsables.
Disparidad en las cifras del perjuicio patrimonial
Aunque la base de la reclamación es la misma, los distintos actores personados en la causa presentan cálculos que varían según los conceptos incluidos en la denuncia:
- Hazte Oír: Solicita la devolución de 340.572 euros brutos más los intereses generados durante casi una década.
- Partido Popular: Eleva la cifra a 416.798 euros, integrando en el cálculo tanto los sueldos como las cotizaciones a la Seguridad Social asumidas por la Diputación.
- Iustitia Europa: Además de las nóminas de David Sánchez, pone el foco en otros asesores y reclama investigar gastos adicionales en dietas, desplazamientos y los costes operativos del programa Ópera Joven.
Un cargo calificado como simulación administrativa
La base argumental de estas demandas económicas se apoya en los hechos probados durante el juicio. La justicia ya determinó que la plaza de director de la Oficina de Artes Escénicas fue un «traje a medida». La investigación judicial concluyó que el puesto se diseñó para encajar con las afinidades artísticas del hermano de Pedro Sánchez, dotándolo de fondos públicos sin una definición clara de sus responsabilidades.
Los testimonios y pruebas documentales revelaron que el beneficiario apenas tenía presencia en su centro de trabajo y que la comunicación con los departamentos que debía coordinar era, en el mejor de los casos, anecdótica. Para las acusaciones, esta ausencia de contraprestación efectiva convierte el pago de las nóminas en un enriquecimiento injusto que debe ser subsanado ante el Tribunal de Cuentas.
Hacia una fiscalización integral de la gestión provincial
El caso no solo afecta a David Sánchez. Las denuncias presentadas también exigen que se depuren responsabilidades entre aquellos altos cargos que autorizaron, firmaron y pagaron las retribuciones durante ocho años. Se ha solicitado expresamente que la Audiencia de Badajoz remita toda la documentación contractual y presupuestaria para que los auditores públicos puedan determinar qué parte del gasto contó con una justificación real y qué parte fue un mero desvío de fondos.
En definitiva, la batalla legal entra en una fase estrictamente financiera. Mientras la sentencia penal ya marcó el camino de la inhabilitación para el ejercicio de cargo público, el proceso contable determinará si David Sánchez y sus colaboradores deben responder con su patrimonio personal por el dinero que, según las acusaciones, nunca debió salir de las arcas de la Diputación de Badajoz.