La investigación judicial que rodea a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del actual presidente del Gobierno, ha entrado en una fase de alta tensión tras la última sesión en la Audiencia de Badajoz. Lo que comenzó como una comparecencia técnica para esclarecer la contratación de personal, ha derivado en la posibilidad real de una imputación penal contra uno de los testigos principales. El tribunal evalúa ahora si José María Sánchez Sánchez, jefe del Servicio Provincial de Bibliotecas, incurrió en delitos de falso testimonio y falsedad documental durante su interrogatorio.
El enigma del documento oficial no reconocido
Uno de los puntos de mayor fricción durante la vista oral fue la aparición de un informe que, a pesar de contar con el membrete oficial de la Diputación y una firma digital institucional, no parece haber seguido los cauces reglamentarios. La acusación, representada por el Partido Popular, ha puesto el foco en este escrito exculpatorio que el testigo aportó durante la fase de instrucción.
Según se denunció en sala, el funcionario habría utilizado las herramientas y el soporte digital de la administración provincial para generar un documento de parte, dándole una apariencia de oficialidad que la propia institución ha terminado por cuestionar. Esta maniobra ha llevado al abogado Alberto Durán a solicitar formalmente que se deduzca testimonio contra el compareciente, al considerar que se ha intentado engañar al magistrado mediante la creación de una prueba documental ficticia en su origen administrativo.
Cronología de una contradicción administrativa
El relato del testigo sobre su vinculación con la Diputación de Badajoz y su participación en los procesos de selección ha dejado más sombras que luces. El núcleo de la controversia reside en la plaza de jefatura de sección de actividades transfronterizas, adjudicada a Luis Carrero Reyes, persona cercana al círculo de David Sánchez.
- El testigo afirmó haber tomado posesión de su cargo de forma oficial en noviembre de 2023.
- Minutos después, reconoció haber integrado la comisión de valoración que seleccionó a Carrero antes de haber sido contratado formalmente por la institución.
- Justificó su presencia en dicho órgano técnico bajo la premisa de que Recursos Humanos le propuso participar por su futuro rol de superior jerárquico.
Esta anomalía procedimental, donde un agente externo participa en la selección de personal público antes de tener vinculación contractual, ha sido calificada de práctica inaudita por los expertos legales presentes en la sala. La estructura de la comisión también incluía a Manuel Candalija, actual imputado en la trama, lo que refuerza la tesis de una presunta red de favores diseñada para blindar nombramientos específicos.
¿Un proceso de selección teledirigido?
La defensa del proceso de selección por parte del jefe de Bibliotecas se basó en la supuesta transparencia del concurso. Sin embargo, las revelaciones sobre el desarrollo de la convocatoria apuntan a lo que jurídicamente se denomina un «traje a medida». Luis Carrero fue el único candidato que concurrió a la plaza, un hecho que el testigo intentó normalizar aludiendo a la publicidad preceptiva de la oferta.
La valoración de Carrero como «apto» se fundamentó, según la declaración, en aspectos meramente formales como el tamaño de la letra de su memoria técnica o la puntualidad en la entrevista. Para las acusaciones populares, este tipo de argumentos solo confirman que la convocatoria pública fue un mero trámite administrativo para legitimar una decisión tomada de antemano.
Implicaciones legales y futuro del procedimiento
La situación de José María Sánchez Sánchez es ahora delicada. El tribunal ha manifestado su intención de deliberar sobre la deducción de testimonio, un paso procesal que obligaría a abrir una causa independiente por perjurio y falsedad contra el funcionario. Si se confirma que utilizó certificados digitales de la Diputación de forma fraudulenta para influir en el caso David Sánchez, las consecuencias penales podrían agravar la ya compleja situación judicial de la corporación pacense.
Este nuevo giro no solo debilita la estrategia de defensa de los actuales imputados, sino que proyecta una sospecha sistémica sobre cómo se gestionaron los recursos y los puestos de confianza en la Diputación durante el periodo investigado. La limpieza administrativa de la institución queda así supeditada a las pruebas documentales que el juzgado logre verificar en las próximas semanas.