La integridad en la gestión de la diplomacia española en el extranjero se enfrenta a un desafío legal sin precedentes. Un trabajador del propio Ministerio de Asuntos Exteriores ha interpuesto una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción señalando al embajador de España en la India, Juan Antonio March. El escrito, que también ha sido remitido al Tribunal de Cuentas, expone una serie de conductas que podrían constituir delitos relacionados con la gestión de fondos públicos y la opacidad en la contratación administrativa.
Un sistema de financiación paralelo bajo la lupa judicial
El núcleo de la denuncia presentada ante el equipo de Alejandro Luzón no se limita a simples sospechas, sino que se apoya en un detallado informe de control interno que revela prácticas irregulares en la delegación de Nueva Delhi. Según el denunciante, existen indicios de que el embajador March habría articulado una estructura de patrocinios privados para eventos culturales que esquivaba deliberadamente los canales oficiales de fiscalización del Estado.
La gravedad del asunto reside en la presunta unilateralidad con la que se tomaron decisiones financieras. El documento sugiere que se solicitaban aportaciones económicas a empresas españolas radicadas en la India bajo categorías de «patrocinio oro, plata o bronce», con la particularidad de que estos fondos nunca llegaban a las arcas de la embajada. En su lugar, se desviaban directamente a los organizadores logísticos, evitando que el dinero fuera registrado en el sistema Sicce, la herramienta obligatoria para la transparencia administrativa en el servicio exterior.
El conflicto de los conciertos en Rajastán
Uno de los episodios más polémicos que sustentan la denuncia es la organización de una serie de recitales líricos en el estado de Rajastán. Estos eventos, que coincidían sospechosamente con celebraciones personales del embajador, contaban con la participación de una mezzosoprano china, cuya vinculación personal con March ha sido cuestionada internamente.
- Desvío de fondos: Se estima que se intentaron recolectar más de 40.000 euros mediante donaciones externas.
- Incumplimiento de objetivos: La promoción cultural de las embajadas debe priorizar a artistas españoles, pero en este caso se priorizó a una cantante extranjera con honorarios elevados.
- Uso de proveedores críticos: Entre los supuestos patrocinadores figura BLS, la empresa encargada de la gestión de visados, lo que plantea un evidente conflicto de intereses al ser una entidad que depende directamente de las concesiones del Ministerio.
Alertas internas ignoradas en Nueva Delhi
El escrito dirigido a la Fiscalía subraya que los mecanismos de control preventivo fallaron debido a las instrucciones directas del jefe de misión. El consejero de asuntos culturales de la embajada llegó a redactar un informe de 16 páginas alertando a la Aecid (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) sobre lo que estaba ocurriendo. En sus comunicaciones internas, el diplomático describía la situación como «muy grave», señalando que el embajador ordenó omitir cualquier registro oficial para evitar la fiscalización de la cancillería.
A pesar de que estos hechos fueron comunicados a la Inspección General de Servicios y a la subsecretaría del Ministerio que dirige José Manuel Albares, la falta de una respuesta contundente o del traslado de los hechos al Ministerio Fiscal por parte del departamento ministerial ha sido lo que finalmente ha impulsado al funcionario a actuar por cuenta propia para salvaguardar la legalidad.
Implicaciones administrativas y penales
La admisión a trámite de esta denuncia obligaría a la Fiscalía Anticorrupción a solicitar de inmediato todos los expedientes y comunicaciones internas que el embajador March habría intentado mantener en el ámbito privado. No solo se cuestiona el manejo del dinero, sino también el posible uso de la posición diplomática para beneficio personal o de terceros vinculados emocionalmente al embajador.
Además de los escándalos artísticos, el informe menciona la actividad editorial del embajador en la India, donde ha publicado obras como The Great Reset. Aunque la ley permite a los funcionarios percibir derechos de autor, cualquier actividad de este tipo requiere una transparencia total y la autorización de sus superiores, un aspecto que ahora también será revisado para descartar cualquier otra irregularidad administrativa.
Este caso pone de manifiesto la tensión entre la autonomía de los jefes de misión en el extranjero y la estricta normativa de contabilidad pública española. La resolución de Anticorrupción marcará un precedente sobre cómo deben gestionarse los patrocinios privados en la diplomacia y hasta qué punto el silencio administrativo puede proteger conductas que rozan la relevancia penal.