La integridad del proceso de adquisición de la nacionalidad española bajo la Ley de Memoria Democrática, popularmente conocida como «ley de nietos», ha sido puesta en duda ante las máximas instancias judiciales. El partido Iustitia Europa ha formalizado una denuncia ante la Audiencia Nacional, solicitando una investigación profunda sobre una supuesta trama de falsedad documental y prevaricación administrativa en el Consulado General de España en Ciudad de México.
Manipulación de plazos y alteración de documentos oficiales
El núcleo de la acusación se centra en el uso de métodos rudimentarios pero efectivos para burlar los plazos legales. Según la denuncia, diversos expedientes habrían sido modificados físicamente mediante el uso de corrector blanco (típex) para alterar las fechas originales de presentación. El objetivo de estas maniobras habría sido hacer que solicitudes extemporáneas figuraran como registradas el 22 de octubre de 2025, fecha límite para acogerse a esta normativa.
Esta presunta infidelidad en la custodia de documentos no solo afectaría a la validez de las nacionalidades concedidas, sino que sugiere una instrucción coordinada desde las altas esferas consulares. La formación política pide identificar a los autores materiales de estas tachaduras y a quienes dieron las órdenes de emitir nuevos anexos con fechas falsas para ocultar las correcciones originales cuando los expedientes debían ser trasladados.
El impacto directo en el Censo Electoral español
Uno de los puntos más críticos de la denuncia presentada por Luis María Pardo Rodríguez es la posible repercusión de estas irregularidades en la soberanía democrática. Al concederse la nacionalidad de forma presuntamente fraudulenta, estas personas pasan a integrar automáticamente el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
- Investigación de la veracidad de los registros electrónicos de citas.
- Cotejo entre las fechas de comparecencia física y el sellado de los formularios.
- Análisis de las comunicaciones internas y correos electrónicos del personal diplomático.
- Auditoría de los expedientes tramitados en el último trimestre de 2025.
La justicia deberá determinar si existió una voluntad deliberada de inflar el censo electoral mediante la validación de expedientes que, por ley, deberían haber sido rechazados por presentarse fuera de tiempo.
Nombres clave y expedientes bajo sospecha
La denuncia no se limita a generalidades, sino que señala directamente a figuras de relevancia diplomática y política. Se ha solicitado la declaración de María Prada, cónsul adjunta en el periodo bajo sospecha, y del entonces embajador Juan Duarte. La sombra de la duda planea sobre la gestión del Registro Civil Consular y el cumplimiento de los requisitos legales exigidos por el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Además, se han puesto bajo la lupa casos específicos de personalidades mexicanas cuya nacionalización presenta anomalías documentales. Entre ellos se encuentran:
- El expediente de Felipe Salvador Ruiz de Velasco, que contaba con advertencias internas sobre posibles incumplimientos.
- La tramitación de la nacionalidad de la exsenadora Nancy de la Sierra Arámburo.
- El procedimiento seguido para Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del antiguo mandatario mexicano López Obrador.
Diligencias solicitadas y futuro del proceso
Para esclarecer los hechos, se ha requerido que la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública entregue la totalidad de los expedientes gestionados entre octubre y noviembre de 2025. La clave reside en verificar si los justificantes electrónicos de cita previa coinciden con la realidad de las comparecencias presenciales.
Este caso representa un desafío importante para el sistema consular español, ya que pone de manifiesto la vulnerabilidad de los procesos de nacionalización masiva. Si la Audiencia Nacional confirma las sospechas de prevaricación administrativa, cientos de títulos de nacionalidad podrían ser revisados o anulados, provocando un terremoto jurídico en las relaciones bilaterales y en la gestión de la Ley de Memoria Democrática.